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La Junta de Gobierno de la UPR avaló una enmienda a su presupuesto consolidado para operar este año fiscal con $1,160 millones.
La Junta de Gobierno de la UPR avaló una enmienda a su presupuesto consolidado para operar este año fiscal con $1,160 millones. (VANESSA SERRA DIAZ)

Los estudiantes de los programas de grado asociado en Terapia Física no tendrán que tomar la reválida, al menos, hasta diciembre luego que el Departamento de Salud accediera a establecer una moratoria ante los señalamientos que han realizado varias instituciones de educación superior contra la prueba.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, confirmó ayer, a través de una portavoz, que se confeccionará una nueva reválida y que se solicitó a la Universidad de Puerto Rico (UPR) la redacción de preguntas que deberán estar contenidas en dicha prueba.

El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, dio a conocer los cambio durante una reunión ayer de la Junta de Gobierno de la universidad del Estado, al detallar las medidas que se han tomado a raíz de la pérdida de acreditación de los grados asociados en Terapia Física de los recintos de Ponce y Humacao.

Hace más de un año, la Comisión para la Acreditación de Educación en Terapia Física (CAPTE, por sus siglas en inglés) colocó en probatoria a los seis programas de asistentes de terapia física en Puerto Rico debido a los bajos niveles de aprobación de la reválida. Dos de ellos están en la UPR y tres en instituciones privadas.

“La mayoría de los estudiantes no pasó la reválida. La preparación interna de los estudiantes no está en juicio, va más allá de eso. Está en juicio un cambio que se hizo en la preparación del examen, a ese examen nuevo no se le hizo una evaluación sicométrica”, explicó, por su parte, el vicepresidente ejecutivo en Asuntos Académicos de la UPR, Orestes Quesada.

El vicepresidente señaló que deberán entregar informes a la agencia acreditadora sobre las medidas que se han tomado, al adelantar que las repercusiones “irán más allá de estos dos programas”.

En su reunión ordinaria del mes de agosto, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó ayer una enmienda a su presupuesto para el año fiscal vigente para atender la redistribución de partidas necesarias luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificara un presupuesto consolidado de $1,160 millones. La Junta de Gobierno había aprobado, en junio, un presupuesto consolidado de $1,202 millones.

El director de presupuesto de la UPR, José Márquez, indicó que las principales reducciones se dieron en fondos que estaba destinados a mantenimiento, servicios bibliotecarios y el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares, entre otros. Por otro lado, se hizo una reducción en la aportación que debe hacer la UPR a su sistema de retiro.

El presupuesto de la JSF tampoco contiene una partida adicional requerido para que el Recinto de Ciencias Médicas atienda sus problemas con la acreditación de Middle States Commission on Higher Education, pero Márquez destacó que se le asignaron $18 millones adicionales provenientes de los ingresos de la UPR.

“Logramos establecer unas medidas de ahorro en la distribución presupuestaria del año para balancear esos recortes”, sostuvo Márquez, al mencionar que se redujeron partidas de contratación externa y ciertos gastos operacionales.

El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, indicó que no estaban de acuerdo con la reducción en presupuesto certificado por la JSF, pero era necesario ceñirse a ella “para evitar crearle problemas a la Administración Central” de la UPR.

Dalmau Santana fue electo ayer presidente en propiedad de la Junta de Gobierno, luego de haber ocupado el cargo de forma interina desde marzo.

“Saben que requiero siempre transparencia y trabajo en equipo. Esto es algo que nos corresponde a todos. Uno será la voz, pero realmente lo que soy es un portavoz de todos ustedes y vamos a trabajar por el bien de toda la universidad”, expresó, tras ser electo con 11 votos a favor y dos abstenidos.

Asimismo, la representante claustral Margarita Villamil fue reelecta como secretaria de la Junta de Gobierno. La posición de vicepresidente quedó vacante, por el momento, luego que la nominación de Jorge Valentín Asencio no obtuviera la cantidad mínima de votos requerida.

La Junta, además, aprobó la designación de la doctora Carmen Lucila Quiroga como rectora interina del recinto de Cayey.

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