La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, propuso una versión revisada del Plan Fiscal de la institución académica que no ordena aumentos nuevos en los costos de matrícula, pero mantiene el lenguaje que dispone que se debieron imponer alzas ajustadas a la inflación desde 2024.

La revisión del Plan Fiscal certificado en 2021 fue requerida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y solo se extiende hasta 2027, según copia del documento en poder de El Nuevo Día.

La Junta de Gobierno de la UPR tendrá una reunión extraordinaria este miércoles para discutir la versión revisada, el mismo día que vence el plazo para que sea entregada a la JSF.

“El plan revisado no introduce nuevas reformas estructurales, no modifica las medidas fiscales previamente certificadas ni contempla aumentos adicionales en la matrícula, reducciones de beneficios ni reformas de pensiones más allá de las ya implementadas”, indica la propuesta.

El Plan Fiscal certificado en 2021, y cuyo texto está igual en la revisión, detalla que el costo por crédito de estudio de nivel graduado se elevó a $157 en 2023. A partir de 2024, se autorizó un aumento ajustado a la inflación.

No obstante, este aumento por inflación ha sido congelado mediante certificaciones de la Junta de Gobierno.

“Si bien los ajustes en las matrículas fueron un componente necesario del Plan Fiscal de la UPR, certificado el 27 de mayo de 2021, los aumentos adicionales deben evaluarse en el contexto de las limitaciones de asequibilidad y las realidades económicas específicas de Puerto Rico”, indica.

La “enmienda limitada” no contiene ajustes en proyecciones de años pasados ni “refleja los logros actualizados ni los resultados financieros reales de los ejercicios fiscales anteriores a la fecha de presentación”, detalla.

“Las proyecciones de gastos e ingresos indican que, en ausencia de medidas y reformas fiscales, la UPR operará con un importante déficit operativo (antes del pago de la deuda), que se espera alcance los aproximadamente $463 millones para el año fiscal 2027. Incluso tras la implementación de nuevas medidas destinadas a promover una mayor responsabilidad fiscal y sostenibilidad, la UPR no podrá pagar íntegramente su deuda acumulada contractual de aproximadamente $600 millones en la fecha de vencimiento y deberá reestructurarla”, alerta la revisión.

El documento hace hincapié en que la institución trabajará con la implantación de medidas de eficiencia que se han establecido en diversas versiones del Plan Fiscal y cuyo cumplimiento está retrasado.

“Hasta la fecha, la UPR ha avanzado en algunas medidas (p. ej., aumentos en las matrículas de pregrado, deserción estudiantil), pero menos en otras (p. ej., implementación de servicios administrativos compartidos, matrícula de posgrado, seguro médico, reducción de bonificaciones)”, enumera.

Para 2026, la revisión presentada por la administración de Jordán Conde proyecta un impacto de $413 millones con la implementación de las medidas de eficiencia.

La JSF había establecido que el gobierno debía entregar una revisión al Plan Fiscal del 2021 para el 24 de marzo, pero aplazó la fecha para el 8 de abril a petición de la UPR.

De acuerdo con el nuevo calendario de trabajo, la JSF tendría hasta el 24 de abril para notificar si hay incumplimientos en el documento y una versión corregida debe ser entregada en o antes del 4 de mayo. El ente fiscal espera certificar la versión revisada del Plan Fiscal 2021 en o antes del 15 de mayo.

Del mismo modo, la JSF enviará a la Legislatura y el Ejecutivo las proyecciones presupuestarias de la UPR para el próximo año fiscal para el 15 de mayo.

En una asamblea general estudiantil del recinto de Río Piedras, este martes, los estudiantes rechazaron “cualquier Plan Fiscal que imponga recortes a la UPR y aumentos en el costo de matrícula”.

La asamblea se realizó un día antes que entre en vigor un paro de 72 horas, el cual fue aprobado la semana pasada en una asamblea extraordinaria, en rechazo a las políticas administrativas implantadas por la jefatura del sistema universitario.

La acción, además, busca dejar clara la oposición del sector estudiantil a las decisiones de Jordán Conde, quien hace unas dos semanas forzó las salidas de cinco rectores, entre ellos, la de Río Piedras, Angélica Varela Llavona.

Desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sostuvo que la postura de la gobernadora Jenniffer González es hacer un llamado al diálogo entre la comunidad universitaria.

“La Fortaleza no interviene en esas determinaciones de la Universidad y respeta su autonomía. Sí, la reflexión debiera ser a que vayamos a escuchar, dispuestos a comprender ambos puntos de vista: tanto el de la presidencia y los retos fiscales y económicos y visión que tiene la señora presidenta de la universidad y también a los estudiantes, como no”, expresó Peña Payano, en conferencia de prensa.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.