El excongresista boricua Luis Gutiérrez y líderes comunitarios y ambientales hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales a adelantar las gestiones para romper el monopolio de New Fortress Energy (NFE) con relación al suplido de combustible y la generación eléctrica en el área norte, independientemente de la composición futura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que el presidente Donald Trump recién desmanteló con la destitución de cinco de los siete miembros.

El futuro de los contratos vigentes de NFE, así como de las negociaciones en curso para otro acuerdo de suministro de gas natural a largo plazo, se encuentran entre los asuntos pendientes en los que la JSF previsiblemente tendrá que intervenir una vez cuente con el cuórum necesario para las votaciones, que requieren una mayoría de los siete integrantes que deben conformar el organismo.

“La realidad que viven las comunidades de Cataño y San Juan aledañas a estas facilidades es una cuya responsabilidad toca al gobierno de Puerto Rico. El factor de que Donald Trump haya removido cinco miembros de la junta de control fiscal, y ahora se ponga un signo de interrogación sobre si (el director ejecutivo de la JSF, Robert) Mujica y la junta de control fiscal pueden proceder con una investigación o cancelación de esas transacciones de NFE, no limita en nada al gobierno de Puerto Rico de actuar y velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico, porque esa es su responsabilidad”, manifestó la ingeniera Ingrid Vila, presidenta de CAMBIO, entidad que aboga por una transición a un modelo basado en la producción de energía solar en techos residenciales y comerciales.

Al momento de esta publicación, una solicitud de comentarios solicitada a NFE no había recibido respuesta.

Maritza Maymí, del capítulo de Puerto Rico del Sierra Club e integrante de la coalición Queremos Sol, puntualizó que todavía es incierto el efecto que la reconfiguración de la JSF tenga sobre las discusiones con NFE para un nuevo contrato de suplido de gas natural licuado. Un borrador de un contrato de 15 años y $20,000 millones, cuyas condiciones, presuntamente, fueron impuestas mayormente por NFE, fue denegado en julio por el organismo que controla las finanzas públicas del país, bajo la premisa de que sus términos eran desfavorables al gobierno.

Según Maymí, una nueva JSF inclinada a favorecer los intereses de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el proceso de renegociación de su deuda –como anticipan la mayoría de expertos y analistas– no necesariamente vería con buenos ojos la firma del contrato preliminar con NFE.

“Aquí hay un conflicto de intereses, porque mientras más el gobierno de Puerto Rico y la AEE inviertan en estos contratos leoninos, menos dinero hay para los bonistas. Hay intereses económicos encontrados”, planteó la activista, en la conferencia de prensa convocada por el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, que tuvo lugar en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas, en Miramar.

Las relaciones contractuales entre NFE y el gobierno comenzaron en 2018, con el arrendamiento del muelle donde el conglomerado construyó –sin previa autorización del gobierno federal– el terminal de procesamiento de gas natural. Posteriormente, se suscribieron los acuerdos para rehacer las unidades #5 y #6 de la central San Juan y suplir el gas natural que utilizan, así como contratos adicionales para el suministro de combustible de plantas de generación temporales.

Desde 2023, Genera PR, subsidiaria de NFE, se encarga de operar la flota de generación.

A finales de julio, el zar de Energía, Josué Colón –en respuesta a un requerimiento de información de Mujica–, abrió la puerta a que el organismo fiscal analice el contrato de alquiler de 2018 y, potencialmente, lo anule bajo la premisa de que no fue objeto de una revisión formal por parte de la JSF, entre otros posibles argumentos legales.

Gutiérrez, por su parte, reveló que, entre las gestiones que recientemente realizó en el Congreso junto al secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, estuvo pedirles a congresistas que refieran los contratos de NFE a la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés).

Dalmau, pasado candidato a la gobernación en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, fue excusado de la conferencia de prensa del jueves por razones personales.

“Pedimos una investigación al OIG sobre este caso. Mi trabajo fue mucho más fácil en el Congreso porque teníamos a Juan Dalmau como líder de nuestra delegación”, afirmó el excongresista, ahora asesor de José López Rivera, director ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago.

Federico de Jesús, portavoz del Centro Cultural, sostuvo que, si bien cualquier ciudadano puede presentar un referido al OIG del DOE, canalizarlo a través de congresistas tendría “más peso”.

En la rueda de prensa, también estuvieron presentes la líder religiosa y residente de Cataño Lissie Avilés, de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz; y el portavoz de la organización Toabajeños en Defensa del Ambiente, Juan Camacho.

“Las comunidades hemos llevado la voz cantante, alzando la voz de que algo está mal aquí”, puntualizó Avilés, quien por años ha denunciado las operaciones del terminal de procesamiento de gas natural en la bahía de San Juan, que ha continuado funcionando desde 2021 mediante un permiso provisional de la Comisión Federal Reguladora de Energía.