LUMA Energy informó este viernes las cesantías de cerca de 160 empleados “en casi todos los niveles” de la empresa, una medida que atribuyó a la falta de liquidez causada por los supuestos incumplimientos del gobierno en las transferencias presupuestarias que debe realizar periódicamente.

En declaraciones escritas, el consorcio a cargo de la transmisión y distribución eléctrica subrayó que la determinación siguió a otras medidas tomadas recientemente, que incluyeron la reducción en tareas de manejo de vegetación, retrasos en el reemplazo de componentes de la red y pagos a suplidores y contratistas y congelación de plazas.

“A pesar de estas medidas, tuvimos que tomar la decisión más difícil de todas: reducir nuestra fuerza laboral en aproximadamente 160 posiciones en casi todos los niveles de la organización, buscando minimizar el impacto en nuestras operaciones de campo. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Cada empleado que deja LUMA ha contribuido valiosamente a la misión de transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. La empresa está comprometida a tratar a cada persona impactada con respeto y a brindarle apoyo durante su proceso de transición”, indicó LUMA.

Según el último informe trimestral entregado al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), con datos hasta junio pasado, LUMA contaba con una plantilla presupuestada en 5,665 trabajadores, un aumento de 121% respecto al volumen de empleados con los que entró en funciones en 2021.

Si bien una fuente indicó a El Nuevo Día que las cesantías de este viernes representan solo el primer paso de un programa escalonado de reducción de personal, un portavoz de la empresa aseguró que no se anticipan despidos adicionales.

De acuerdo con LUMA, desde inicios de año, la Autoridad de Energía Eléctrica ha retenido el 70% de los fondos que debe transferirle bajo el acuerdo de operación y mantenimiento suscrito en 2020, una afirmación que la administración de Jenniffer González ha rechazado repetidamente y que constituye el núcleo de la pugna contractual entre las partes, que al presente se dirime en el Tribunal Federal.

En un encuentro con los medios, el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, reiteró su parecer de que la crisis de liquidez que LUMA reclama es producto de su propia “incapacidad gerencial”, aludiendo a datos que apuntan a que el consorcio, entre los años fiscales de 2022 a 2025, recibió transferencias públicas que excedían en $800 millones los presupuestos asignados, así como a la responsabilidad de la empresa con los cobros de facturas a clientes y de recuperar, mediante reembolso, los gastos en proyectos federales. Colón planteó que hay, al menos, 70,000 contadores –del universo de 1.5 millones de abonados– que no están leyendo el consumo de los clientes, lo que provocaría una merma en los recaudos.

Datos sometidos al NEPR indican que, en el año fiscal 2024-2025, el consumo total sobrepasó en 3% las proyecciones, pero que los ingresos producto de la tarifa base –de donde se obtienen fondos para los gastos operacionales del sistema– se quedaron $20 millones, o cerca de 1.7%, por debajo de lo presupuestado.

“Ellos utilizaron los recursos más costosos e ineficientes para hacer el trabajo que se les contrató”, sentenció Colón, al sostener que LUMA, presuntamente, ha gastado casi $600 millones en empleados adscritos a sus matrices, un mecanismo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha estipulado que coloca en riesgo los reembolsos correspondientes a los proyectos.

Tan reciente como el pasado martes, LUMA había revertido una política –adoptada a finales de septiembre– que limitaba la activación de brigadas nocturnas exclusivamente a averías que causaran la interrupción del servicio eléctrico a más de 1,000 consumidores, afectaran líneas de transmisión claves o impactaran sectores críticos, como hospitales.

En ese momento, el presidente del consorcio, Juan Saca, en una comunicación escrita al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, señaló que “hemos tomado esta determinación con la esperanza y expectativa de que, en los siguientes 90 días, podamos colaborar en un esfuerzo abarcador para identificar soluciones tangibles a los numerosos retos que enfrenta al presente el sistema energético de Puerto Rico, incluido el subfinanciamiento crónico que llevó a las medidas enumeradas en la carta del 7 de octubre de 2025”.

En los días previos, la gobernadora había advertido que LUMA se exponía a “consecuencias legales” por su decisión de restringir la activación de brigadas de reparación de averías, tras anunciar que había encomendado a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, analizar si la empresa había incurrido en violaciones civiles o criminales.

Las diferencias públicas más recientes son solo la continuación de los choques entre el administrador del sistema eléctrico y el gobierno, que en julio dio el primer paso hacia la cancelación del contrato mediante una notificación del director ejecutivo de la AAPP, que imputaba seis violaciones. Entre ellas, se contaban supuestos incumplimientos en generar los ingresos necesarios para la sostenibilidad del sistema eléctrico y deficiencias en la obtención de reembolsos por proyectos federales, a los que el gobierno atribuye la crisis de liquidez.

En el año fiscal que concluyó en junio, los clientes del sistema eléctrico registraron cifras récord de interrupciones de servicio, un grado de deterioro que LUMA ha atribuido, precisamente, a las limitaciones de efectivo por las que culpa al gobierno, que ha ripostado afirmando que, desde 2021, repetidamente transfirió a las cuentas operacionales del consorcio cuantías más elevadas de las requeridas para solventar presuntos sobregiros.