El Negociado de Energía (NEPR) tiene ante su consideración una querella de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) que procura impedir que LUMA Energy cobre hasta $300 a los participantes del programa de medición neta por los llamados estudios suplementarios, que el consorcio privado realiza cuando identifica la instalación de un sistema de generación distribuida que puede sobrecargar el alimentador al que está conectado.