Ante un régimen antiinmigrante que busca infundir miedo en las comunidades que habitan en Puerto Rico, cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos se unieron para combatir el temor que paraliza y transformarlo en acción ciudadana, resistencia, solidaridad y protección de las personas migrantes.

La campaña “Migrar no es un Crimen: Saca la cara, Puerto Rico” es un esfuerzo, además, para desmitificar que la migración, en sí, es un acto delictivo o que los inmigrantes son criminales. Hasta el 1 de agosto, 109 (12%) de las 928 personas detenidas en el país, como parte de las redadas migratorias, tenían expediente criminal, de acuerdo con cifras de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.

“Los derechos de las personas migrantes no son diferentes a los derechos que tenemos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, las personas ciudadanas (estadounidenses). Estamos hablando de derechos fundamentales que se le deben a todo el mundo. Así que, si se ceden esas protecciones hacia este grupo de personas en particular, sin duda alguna, las estamos cediendo para nosotros”, sostuvo la abogada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, una de las organizaciones que lidera la campaña.

El esfuerzo busca, además, que las personas se unan en estrategias comunitarias probadas que garanticen los derechos de las personas inmigrantes, así como su acceso a servicios esenciales y que puedan estar preparadas ante la eventualidad de que sean intervenidas por agentes de inmigración.

Algunas de estas herramientas son: hacer guardias para que la niñez pueda llegar a sus escuelas de forma segura; crear fondos comunitarios para cubrir gastos de fianza o servicios legales; entregar material informativo; alertar sobre la presencia de autoridades migratorias; grabar las intervenciones para documentar cualquier violación de derechos humanos y civiles; decir en voz alta, durante redadas, los derechos que asisten a las personas inmigrantes; y sobre todo, acompañar en los procesos.

“Cuando la gente siente que hay una comunidad que la apoya, una comunidad que va a estar bien dispuesta, como bien señala esta campaña, a sacar la cara, no hay miedo que lo detenga. Cuando la gente saca la cara, se derrite el miedo”, expresó Hilda Guerrero, directora ejecutiva de Comuna Caribe, que se une a la ACLU de Puerto Rico, Kilómetro 0 y Amnistía Internacional en la campaña.

La iniciativa expone reclamos puntuales, que incluyen que el gobierno de Puerto Rico asuma una política de santuario y de no cooperación con las agencias federales de inmigración. Sobre el particular, las portavoces fueron claras en su rechazo a la política, a su juicio, complaciente y colaborativa que ha tomado la administración local, que no ha puesto resistencia alguna a las directrices del gobierno de Donald Trump.

“Nos avergüenza la actitud que ha asumido este gobierno, porque no nos representa, obviamente, y porque es una traición tan y tan baja la que le han hecho a la comunidad inmigrante, a la cual explotan electoral y políticamente”, consideró Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.

La activista enfatizó en la actitud asumida por la gobernadora Jenniffer González y la comparó con las políticas de resistencia que estados y ciudades en Estados Unidos, y municipios en Puerto Rico, han tomado respecto a la protección de personas indocumentadas. A principios de año, el Departamento de Transportación y Obras Públicas entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas(ICE) la información de inmigrantes sin estatus regularizado que portaban licencias de conducir provisionales.

“Ella está actuando con total entreguismo a ese gobierno federal, sin seguir el ejemplo de otros alcaldes y gobernadores”, comentó.

En la misma línea, otro de los reclamos es que los recursos con los que cuentan los gobiernos estatales y municipales no estén a merced de las agencias federales de inmigración. De paso, las lideresas criticaron lo que consideran un acto de “intimidación” del Departamento de Seguridad Pública de retirar fondos federales al Municipio de Aguadilla, luego que se convirtiera en una ciudad santuario.

“Nuestro llamado es a que los municipios no se dejen intimidar por un gobierno que no tiene la razón, que no se justifica. No hay justificación legal para lo que están haciendo, pero mucho menos se justifica moralmente ni éticamente lo que está haciendo el gobierno de Trump ni el gobierno de Jenniffer González”, instó Martínez Orabona.

Mediante la campaña, las organizaciones, igualmente, exigen que haya una garantía de acceso igualitario a vivienda, educación, salud y defensa legal, indistintamente del estatus migratorio. También, que se garantice el debido proceso de ley y se detenga la práctica de encarcelar a las personas por el hecho de no tener un estatus regularizado.

“Cuando se habla sobre que son criminales las personas que han migrado o que se detienen porque han cometido delitos, eso hay que detenerlo y hay que hablar con la verdad, porque francamente no es así. Los datos lo demuestran”, estableció Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.

La campaña tendrá actividades comunitarias, cívicas, artísticas y despliegue en medios, en busca de apelar a la solidaridad del pueblo puertorriqueño que valora la presencia y las aportaciones que los pueblos migrantes han hecho en la historia puertorriqueña, compartieron las entrevistadas. En ese sentido, buscan que se cree una estructura de resistencia permanente, que haga frente a la ofensiva antiinmigrante y que esté dispuesta a reactivarse cuando, en un futuro, se susciten situaciones similares.

“No nos vamos a quedar calladas, callados. No nos vamos a quedar sin hacer nada. Vamos a estar dispuestos a poner nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra energía en impedir que se sigan cometiendo más violaciones de derechos humanos y derechos civiles”, subrayó Guerrero, quien instó a construir “puentes y no muros” entre los pueblos.