El alcalde Miguel Romero Lugo descartó ayer, martes, que sea necesario declarar a San Juan como una “ciudad santuario” –como ya hicieron Aguadilla y Hormigueros- pues su enfoque es el ofrecimiento de servicios esenciales, y argumentó que los policías municipales no colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la capital, donde vive la mayoría de los inmigrantes en la isla.

“(Ser ‘ciudad santuario’) es un ‘statement’ (declaración). Nosotros estamos enfocados, más bien, en lo que es real. Y, como cuestión de hecho, San Juan ofrece todos los servicios como cualquier ciudad santuario”, defendió, a preguntas de El Nuevo Día.

A principios de junio, el Municipio de Hormigueros aprobó una ordenanza para declararse “ciudad santuario” en protección de los inmigrantes y garantizarles servicios esenciales. Semanas después, el Municipio de Aguadilla se unió con dos decretos que prohíben a sus empleados colaborar en redadas de ICE y establecen un grupo de respuesta para proteger los derechos de la comunidad migrante en ese pueblo, donde hay una alta presencia de agencias federales.

Al insistírsele a Romero Lugo sobre si su negativa en declarar a San Juan como “santuario” respondía al miedo de perder fondos federales, respondió: “Para, mí declarar un santuario, ahora mismo, es inconsecuente”.

“¿Para qué me quiero declarar, si estoy haciéndolo con los hechos? ¿Para qué yo quiero un título? Para que digan, ‘ahí está Miguel Romero, él más que quiere a los inmigrantes’. Yo lo demuestro con acciones, no con ‘statements’”, recalcó.

Planteó, asimismo, que la Oficina de Asistencia al Inmigrante del ayuntamiento asiste con orientación legal sobre documentación, procesos de residencia, ajuste de estatus y clases de ciudadanía, entre otros servicios. En 2024, la Oficina atendió a 4,100 personas.

“Nosotros damos servicio a través del Departamento de Desarrollo Social Comunitario a personas con vales de alimentos, con fondos municipales, sin tener que declararnos como una ciudad santuario. Nosotros estamos haciendo mucho más de lo que hacen muchas ciudades declaradas santuario en pro de la comunidad inmigrante”, señaló.

Respecto a las instrucciones a la Policía Municipal de San Juan, Romero Lugo enfatizo que “no tenemos ningún acuerdo” para colaborar con las órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump para aumentar los arrestos de inmigrantes.

“Tenemos acuerdos que están limitados. Trabajamos con narcotráfico, con trata humana, con crimen organizado y con asuntos que tengan que ver con el abuso de la niñez. Esa es la directriz (a todos los oficiales) y está por escrito y está por carta mía, después reforzada”, subrayó, y añadió que tuvo una “conversación muy franca” con Rebecca González, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Juan, adscrita a ICE, para dejarle saber su posición.

Para cumplir con las regulaciones federales y no perder fondos federales, el alcalde asignó otras partidas municipales para continuar brindando servicios a la población migrante, incluidas embarazadas. Comentó de casos de víctimas de violencia doméstica sin estatus migratorio definido que han tenido que trasladar a instalaciones que se pagan con fondos ordinarios. “No las vamos a dejar desprovistas”, puntualizó.

Ante la llegada de miles de turistas en los próximos meses –principalmente por la residencia de Bad Bunny–, el ejecutivo municipal se limitó a responder que se ha encargado de que los oficiales municipales entiendan que no pueden colaborar, “de manera directa o indirecta”, en los esfuerzos de ICE.

“Hace una semana, el comisionado de la Policía (Juan Jackson), por instrucción mía, se reunió con todos los recursos que tenemos destacados con las autoridades federales para recalcar cuál es nuestra posición”, dijo.