En las comunidades del caño Martín Peña se han tramitado más de 500 solicitudes para los toldos azules que ofrece FEMA para casas que perdieron parcial o totalmente sus techos.
De los 26,951 solicitantes, el 64% o 18,500, son solicitantes de prioridad, lo que significa que son personas de edad avanzada, personas con discapacidades o personas que viven en hogares que todavía tienen daños significativos. (Archivo)

El Departamento de la Vivienda mantiene en el limbo a miles de ciudadanos que han solicitado asistencia para la reparación o reconstrucción de sus hogares, afectados por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, mientras solo ha reparado unos 103 hogares, denunció este miércoles la organización Ayuda Legal Puerto Rico, al tiempo que exigió una respuesta a los solicitantes.

“Estamos pidiendo lo más básico”, afirmó la licenciada Ariadna Godreau, abogada y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, organización que desde el impacto de los huracanes se ha dedicado a asistir a las comunidades en los procesos de recuperación. “La gente no sabe en cuánto tiempo le van a contestar, a inspeccionar, en cuánto tiempo es la próxima reunión con el manejador de caso. La mayoría de la gente que nos llama es con la principal solicitud de ‘por favor, ayúdenme a saber que está pasando con mi caso, es que nadie me contesta’. Y es que no hay algo tan sencillo como una línea de tiempo”, denunció.

Ayuda Legal presentó hoy su segundo informe “Hacia una reparación justa” en el que hace recomendaciones de política pública en relación con el manejo de los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT que administra Vivienda. Dicha agencia recibió unas 26,951 solicitudes de asistencia a través del Programa de Reparación, Reconstrucción y Relocalización (R3), que comenzó a recibir solicitudes el 31 de julio de 2019 y cerró esa ventana el 7 de enero de 2020.

El R3, que tiene un presupuesto de $3,289 millones, “debía y debe ser una opción para quienes todavía esperan asistencia para garantizar un techo seguro. Este programa es el último recurso disponible para aquellas personas que sufrieron daños en sus viviendas por los huracanes Irma y María”, advirtió la organización. Sin embargo, a casi tres años de los huracanes, Vivienda aún no ha entregado ni siquiera 100 casas reparadas.

“Estamos exigiendo que de aquí al 31 de diciembre el 100% de los casos de las personas que solicitaron desde julio de 2019 se contesten, que la gente tenga una determinación escrita”, sostuvo Godreau.

Los datos más recientes de Vivienda presentados por la organización en su informe apuntan a que, hasta marzo, unos 6,000 solicitantes había sido clasificados como elegibles o prelegibles. La mitad de esos casos correspondían a hogares con toldos azules, a tres años de los huracanes. Sin embargo, dado que la agencia determinó que las personas que no tengan título serían referidas al programa de Autorización de Títulos, al menos 2,966 solicitantes de R3 ya han sido referidos a ese proceso, pero al 21 de agosto de 2020, ni uno solo de esos títulos había sido provisto, según la entidad sin fines de lucro. El Programa de Autorización de Títulos tiene una asignación de $44 millones.

La organización también señaló que el plan de Vivienda para el R3 no es cónsono con la orden ejecutiva 63 firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 20 de agosto de 2020, que establece que para el proceso R3 no se requerirá un título formal durante el proceso de elegibilidad cuando se trate de reparaciones o reconstrucciones. Pero a la fecha no se ha establecido un proceso compatible con esa determinación.

Las propias cifras de Vivienda demuestran “que la planificación, el monitoreo y todo lo que tenga que ver con este Programa no tiene una línea de tiempo clara ni unas expectativas razonables de cómo es que van a atender a las personas solicitantes”, sostuvo Paula Fournier del Valle, abogada comunitaria de Ayuda Legal.

Además del retraso extremo, Fournier señaló que los contratistas a los que Vivienda les paga para encaminar los procesos no cumplen con buenas prácticas legales básicas, como entregarle una copia de documentos a los solicitantes.

“Las personas no tienen esa documentación de su propio caso para saber dónde quedan ante el programa, ocurre también con lo contratos que firman, no reciben copia de los contratos donde se están comprometiendo cinco, 10, 15 años con el Departamento de la Vivienda”, relató Fournier.

El Programa R3 se nutre de los $9.7 mil millones de fondos CDBG-DR asignados a Puerto Rico. De estos fondos, aproximadamente el 39% debe ir destinado directamente a la necesidad de vivienda segura que se mantiene descubierta después del paso de los huracanes del 2017, expuso la organización legal en su informe. De los 26,951 solicitantes, el 64% o 18,500, son solicitantes de prioridad, lo que significa que son personas de edad avanzada, personas con discapacidades o personas que viven en hogares que todavía tienen daños significativos.

Vivienda estableció un término de 90 días para evaluar las solicitudes que presentaran las personas de los grupos de prioridad, pero se desconoce en cuántos de esos casos ha cumplido con ese periodo.

“Aparentemente no ha habido ningún tipo de fiscalización por parte de Vivienda. Si uno entra a evaluar esos contratos de esos manejadores del Programa hay unos estándares mínimos de servicio al cliente, de reportar, de cumplir o responderle a la persona dentro de unos términos, ninguna de los cuales se está cumpliendo”, explicó Nicole Díaz González, analista de política pública de la organización. “Según el mismo contrato (de Vivienda con los manejadores) en caso de incumplimiento implica unas penalidades económicas que tampoco tenemos conocimiento de que Vivienda las esté reclamando”, señaló Díaz.