Tras revisar el informe del año fiscal 2023-2024 que Genera PR le remitió con 10 meses de retraso, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) concluyó que la empresa podría devengar “aproximadamente” $5.9 millones en bonificaciones por desempeño, muy lejos del tope de $100 millones anuales e, incluso, por debajo de los $15.7 millones que la Autoridad para la Alianzas Público Privadas (AAPP) había aprobado.

La información surge de una resolución y orden cuyo texto no ha sido divulgado por el NEPR, pero que fue resumida en la última reunión ordinaria del organismo por el comisionado Ferdinand Ramos Soegaard. El funcionario detalló que, en la resolución, se ordenó a Genera PR que presente los argumentos legales que justifiquen, en detalle, su planteamiento de que el “Informe de Incentivos y Penalidades” debe permanecer bajo un manto de confidencialidad, como el operador reclamó en junio.

La resolución, precisó Ramos Soegaard, pide que Genera PR detalle “específicamente” las secciones del informe que deben ser protegidas “considerando que una parte significativa de la información presentada es evidentemente pública”.

Asimismo, el comisionado añadió que, a partir del análisis recogido en el documento, “el NEPR concluye que el ‘Informe de Incentivos y Penalidades’ del año fiscal 2024 de Genera no proporciona suficiente información verificada para respaldar la aprobación total de los pagos de incentivos solicitados”.

“Luego de la evaluación pertinente, el NEPR encuentra que Genera puede ser elegible para incentivos hasta aproximadamente $5.9 millones”, continuó Ramos Soegaard.

El 24 de junio, Genera PR recurrió al Tribunal de Apelaciones con miras a impugnar la supuesta intervención indebida del NEPR en la evaluación de los incentivos reclamados para su primer año como operador de la flota generatriz, alegando que el regulador había “usurpado” facultades que corresponden exclusivamente a la AAPP.

Según Genera PR, a base de su desempeño en el 2023-2024, le corresponden poco más de $48 millones en bonificaciones, si bien la propia AAPP había adjudicado previamente $15.7 millones. El NEPR, en cambio, había señalado, el 23 de mayo, que, debido a que no se le había entregado el informe anual, Genera PR no podía obtener ninguna recompensa.

Genera PR finalmente entregó el informe al regulador el 30 de mayo, y sometió una moción días después en la que exigió que el documento se mantuviera confidencial.

Una de las grandes diferencias entre el reclamo de la empresa y las conclusiones del NEPR se centra en torno a una de las iniciativas que Genera PR propuso como parte de su “Plan de Optimización de Combustible”, pero que fue denegada por el organismo.

Específicamente, Genera PR señaló que deben otorgársele bonificaciones por estrategias de “suplementación de activos”, que implican la obtención de equipos que promuevan mayor eficiencia o capacidad en la generación de energía. Bajo ese renglón, Genera PR reclamó beneficios por alquilar libre de costo equipo de regasificación de gas natural a su matriz New Fortress Energy (NFE).

El NEPR, no obstante, ha tachado esa estrategia por considerar, entre otros elementos, que forma parte de las obligaciones que NFE ya tiene bajo sus contratos de suplido de gas natural para las centrales San Juan y Palo Seco (Toa Baja).

En la reunión ordinaria de la pasada semana –en la que no se mencionó el recurso de revisión judicial de Genera–, Ramos Soegaard indicó que, tras la resolución y orden, el NEPR remitiría el asunto nuevamente a manos de la AAPP.

El esquema de incentivos de Genera PR ha estado bajo la lupa desde que, en febrero, la compañía acordó con el gobierno eliminar ese componente del contrato, a cambio de un desembolso de $110 millones, enmiendas que el NEPR eventualmente detuvo. Si bien la administración de la gobernadora Jenniffer González ha afirmado que las enmiendas producirían ahorros ascendentes a $800 millones a lo largo de la vida del contrato de Genera PR, el estimado se basa en la premisa de que el operador lograría devengar el tope de incentivos año tras año.