De cara a la evaluación de un ajuste para el período de octubre a diciembre que podría conllevar un aumento de 8% en la factura de luz, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ordenó a LUMA Energy y Genera PR responder a una serie de requerimientos de información concentrados en los disloques que, a lo largo de julio y agosto, pudieran haber causado un incremento en los costos de operación del sistema eléctrico.

Parte de los requerimientos emitidos ayer, viernes, por el NEPR se concentran en el suplido de combustible a la flota de generación, que en julio lidió con las controversias contractuales entre New Fortress Energy (NFE) y el gobierno, provocando que la empresa retirara un buque de gas natural de la bahía de San Juan, limitando por cerca de una semana la disponibilidad de la fuente que utilizan múltiples plantas en las centrales de San Juan y Palo Seco (Toa Baja).

“Durante los meses de julio y agosto de 2025, ¿hubo días en que la fuente más económica de combustible (entiéndase gas natural licuado) no estuvo disponible, por cualquier razón (como el almacenamiento de combustible), en suficientes cantidades o en su totalidad, en las unidades compatibles de generación? De ser así, identifique los días en que la fuente de combustible más económica no estuvo disponible, y si una fuente de combustible más costosa se usó para la generación”, indicó el regulador en uno de los renglones.

El NEPR también inquirió si ya se “ejecutó” un nuevo contrato de suministro de gas natural para las 14 unidades generatrices de emergencia en Palo Seco y San Juan, requiriendo que, de ser el caso, se le provea copia del pacto, los nombres de las personas que lo negociaron y si se trata de empleados de “entidades afiliadas o relacionadas” a Genera PR. A inicios de la pasada semana, el gobierno de Jenniffer González y NFE –matriz de Genera PR– anunciaron un acuerdo para un contrato de siete años, transacción que todavía requiere el aval de la Junta de Supervisión Fiscal para entrar en vigor.

Del lado de LUMA, el organismo pidió conocer si, entre julio y agosto, se registraron averías en el sistema de transmisión “que afectaron la capacidad del sistema de transmitir la energía generada y/o comprada para suplir la demanda”.

“Además, explique cómo estos incidentes afectaron o no los ingresos de combustible o compra de energía y/o costos para los meses de julio y agosto”, abundó el NEPR, que concedió a las empresas hasta el miércoles 24 de septiembre para responder. El NEPR debe definir el monto del ajuste en o antes del 30 de septiembre.

La propuesta de ajuste que LUMA presentó el lunes pasado, de ser acogida por el NEPR, elevaría el costo del kilovatio hora (kWh) de 25.69 a 27.76 centavos para el cliente residencial promedio, una diferencia de 2.07 centavos por kWh. Según el operador de transmisión y distribución, la necesidad del alza responde, en parte, a una deficiencia de sobre $35 millones entre los ingresos y gastos producto de la adquisición de combustible y la compra de energía a cogeneradoras privadas.

El alza aplicable a los abonados residenciales sería de 8.1%; para los comerciales e industriales pequeños, de 7.3%; para los medianos, de 7.8% y para los grandes, de 8.2%, de acuerdo con la moción de LUMA.