A pesar de que se encuentra en el ojo del huracán por señalamientos relacionados con un centro de inspección de vehículos y venta de marbetes que estuvo a su nombre, la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, aseguró que no renunciará.

De esta forma, la funcionaria reapareció este miércoles en una entrevista radial, luego de estar lejos del ojo público en medio del escándalo que ha provocado que el Departamento de Justicia evalúe si procede realizar una investigación preliminar tras recibir unos referidos.

“No voy a renunciar. Esta servidora no ha cometido nada ilegal. Yo estoy haciendo un gran trabajo. Este año de trabajo con todos mis compañeros del Departamento de la Vivienda ha demostrado los cambios en el Departamento”, dijo Pérez Peña en WKAQ 580 AM.

Añadió que, durante el tiempo que ha estado al frente de la agencia, ha impactado a familias con el otorgamiento de los títulos de propiedad y ha “movido” la reconstrucción, por lo que sostuvo que “no existen motivos para yo tener que renunciar a mi puesto”.

Destacó que “ama su trabajo” y pareció restar importancia a la “percepción pública” de que su permanencia en el gobierno pueda causarle un daño político a la gobernadora Jenniffer González. Reiteró, además, que está realizando “un gran trabajo”.

“Yo he sido completamente clara desde el comienzo, incluso, mi informe de ética y mi informe presentado al Senado de Puerto Rico claramente así lo estipula. En ningún momento he negado que fui dueña registral del mismo”, manifestó Pérez Peña.

Las declaraciones de la funcionaria surgen luego de que una investigación encaminada por la periodista Bárbara Figueroa, del programa Los Datos son los Datos, sacara a la luz múltiples señalamientos administrativos relacionados con el mencionado centro de inspección.

“Desde el 2017, yo estoy completamente desvinculada (al Centro de Inspección Yabucoa Auto Services), a lo que es la administración del mismo y ha estado al frente del mismo operandolo el señor Noel Pérez (Martínez), que es mi padre”, añadió la funcionaria.

En ese sentido, Pérez Peña aseguró que “no le he mentido al pueblo de Puerto Rico”. “Yo fui clara. Yo en todo momento he aceptado que fui dueña registral del mismo, pero no estaba vinculada a las administraciones de ese negocio”, subrayó.

Afirmó que así se evidenciará en los foros pertinentes a través de las investigaciones que están en curso, ya que “los expedientes de la estación de inspección mostrarán quiénes eran las personas que realizaban las gestiones por las mismas, a quienes iban dirigidos los documentos y quiénes firmaban”.

Indicó que no podía reconocer el informe del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que alertaba sobre irregularidades en dicho centro. “No lo puedo reconocer porque yo no trabajaba administrativamente el negocio”, dijo.

“De hecho, el informe iba dirigido a la persona que administraba el mismo, (que) no era esta servidora”, aseguró la titular de Vivienda, quien no reconoció, sin embargo, que su padre opera un negocio que obraba, presuntamente, de manera irregular o ilegal.

“Yo estoy reconociendo que era la dueña registral de un negocio que administraba mi papá, el señor Noel Pérez, que parte de una investigación a 68 estaciones inspección en Puerto Rico, porque no fue a la estación de Noel Pérez solamente. Hubo un proceso administrativo del DTOP, donde fueron investigados, donde fueron multados, que en su momento se verificará si fueron los procesos correctos y que hoy día opera legalmente, certificado por el DTOP”, dijo.

A preguntas del presentador Rubén Sánchez sobre que parecía que estaba “escondida” en medio de este escándalo, respondió: “No estaba escondida. Aquí algo claramente es (que) existe una petición por parte de la gobernadora de Puerto Rico (Jenniffer González) a un compañero de gabinete para presentar un informe”.

Con esto, la funcionaria se refirió al informe que debe presentar el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, acerca de las supuestas irregularidades detectadas en un centro de inspección.

“Existe una solicitud por parte de unos representantes al Departamento de Justicia sobre una investigación y yo tengo que ser transparente y he permitido y he dado el espacio a los compañeros. No obstante, yo no he estado escondida. Mis redes han sido completamente claras. Yo he estado trabajando”, abundó Pérez Peña.

Indicó que no va a hablar de temas que están bajo investigación y que va a permitir que los procesos corran. Asimismo, rechazó conocer al exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, Arturo Deliz Vélez, quien demandó al gobierno por este tema.

Deliz Vélez fue el funcionario que investigó las presuntas irregularidades en el centro de inspección y, en la demanda, solicita una compensación de $375,000 por daños morales y angustias mentales sufridas, las cuales —según alega— le han ocasionado afectaciones en su entorno cercano.

“No conozco a Arturo Deliz y, honestamente, con todo el respeto que se merecen los radioescuchas, no voy a entrar en detalle de temas que, en su momento futuro, yo estaría analizando y voy a permitir que el Departamento de Justicia y el DTOP complete su informe para yo entrar en detalles, de ser necesario, sobre eso”, mencionó la secretaria de Vivienda.

“¿Usted no está metida en un chanchullo relacionado a ilegalidades en un centro de inspección de vehículos de motor y está aquí tratando de lavarse la cara antes de que la decapiten?”, le preguntó el presentador.

“No estoy (metida en chanchullo). Nunca he estado al frente, desde el 2017, de ese negocio. No pueden decir que soy empleada allí, que me han visto y el DTOP y sus empleados son claros de con quién ellos hacían las gestiones”, puntualizó la funcionaria.

Actualmente, el Departamento de Justicia mantiene una investigación por posibles violaciones al Código Anticorrupción tras un referido de varios representantes populares y de una declaración jurada de Deliz Vélez.

Recientemente, la agencia aclaró el término legal bajo el cual la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) notificará a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) respecto al referido reciente.

Por un lado, la agencia tiene hasta el 9 de marzo de 2026 para informar si procede realizar una investigación preliminar contra Pérez Peña, tras recibir un referido el 12 de febrero de los representantes Ramón Torres y Swanny Enit Vargas.