Organizaciones de diversos sectores de la sociedad, lideradas por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), denunciaron este miércoles un “ataque” de parte del Estado a los derechos de participación ciudadana, libertad de expresión, acceso a la información pública y acceso a la justicia.

“Estamos viviendo una limitación de derechos y una limitación de espacios de acceso a la justicia”, señaló la licenciada Yanira Reyes, vicepresidenta del CAAPR. “Es necesario que, para que nosotros y nosotras en este país podamos seguir funcionando, se abran espacios de acceso a la justicia, se abran oportunidades de manifestaciones, se abran oportunidades de acceso a la información; no se cierren, como lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos”.

Algunos de los estatutos avalados por la Legislatura y firmados por la gobernadora Jenniffer González que levantan bandera entre las entidades presentes en la conferencia de prensa son la Ley 56-2025, que enmienda la “mal llamada” Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública –que limita el acceso a la información pública–; y la Ley 82-2026, que requiere una fianza mínima del 10% del valor total de un proyecto a toda solicitud de paralización en los tribunales.

“Eso (Ley 82) definitivamente implica que no hay acceso a la justicia, porque ¿qué sector comunitario tiene la capacidad de pagar el 10% del costo (del proyecto) Esencia, por ejemplo? Fíjense cómo todo esto es una tormenta perfecta. Estamos hablando de acciones específicas del gobierno para limitar derechos, pero, además, acciones específicas para limitar las posibilidades que tenemos de defender nuestros derechos”, abundó Reyes.

Por otro lado, repudiaron medidas que se encuentran ante la consideración de la Asamblea Legislativa, como el Proyecto de la Cámara 1211, que prohibiría la transmisión de las vistas de causa probable para arresto (Regla 6) y vistas preliminares. Además, criticaron que no se consultó a gremios periodísticos sobre el Proyecto de la Cámara 1099, que supuestamente busca proteger las fuentes o informaciones confidenciales.

La licenciada Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del CAAPR, opinó que los atentados a la libertad de expresión han incrementado durante la presente administración.

Otra preocupación fue el despliegue desproporcionado de fuerza policíaca en manifestaciones recientes contra la gestión de la gobernadora, en las que la ciudadanía ha reclamado el acceso a servicios básicos, principalmente el agua. Afirmaron que tales acciones representan “un atentado contra la democracia”.

Sobre este particular, Reyes enfatizó que las autoridades no tienen derecho a dar por terminada una protesta, costumbre a la que la ciudadanía coloquialmente se refiere como “poner a dormir la Constitución”, y que ocurrió con frecuencia durante las manifestaciones contra Ricardo Rosselló, en 2019.

“Que sepa el pueblo de Puerto Rico, que estén claros los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, que tienen derecho a salir a la calle, a manifestarse, a protestar, particularmente cuando ven afectados servicios esenciales como es el agua, como es la energía eléctrica, porque no tenemos acceso a la salud, porque se nos quitan espacios de vivienda, porque se afectan nuestros recursos naturales. Todo eso son asuntos legítimos para poder presentar cualquier tipo de acción concertada”, aseveró Reyes.

Por otra parte, los grupos denunciaron represalias de parte del Estado contra fiscales, jueces y abogados de defensa que no se alinean con el gobierno de turno.

“Hay diversas formas mediante las cuales los compañeros y compañeras abogadas hemos experimentado, no solamente en estos momentos, sino en otros momentos también, influencias o presiones indebidas por ejercer en nuestro trabajo. Eso se ha dado, por ejemplo, presentando querellas frívolas disciplinarias en contra de compañeros, se da también cuando a jueces y fiscales no se les renuevan contratos o se transfieren porque no pertenecen al partido de gobierno, se da cuando se amenaza de alguna forma a un compañero por hacer alguna expresión en contra de lo que está pasando en el gobierno”, alertó Reyes.

Al CAAPR, se unieron el Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas, Ayuda Legal Puerto Rico, la Sociedad para la Asistencia Legal, Kilómetro 0, Unión de Asistencia Legal, Amnistía Internacional Puerto Rico, ACLU Puerto Rico, abogados, exjueces, exfiscales y la asambleísta municipal de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Daisy Sánchez.