A punto de cumplirse una década de la firma de la ley Promesa, un colectivo de 27 organizaciones convocó este miércoles a la ciudadanía a unirse, el 30 de junio, a la manifestación “Pa’ fuera la Junta”, en la que se reclamará la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el estatuto y que controla las finanzas públicas del gobierno electo de Puerto Rico.

La manifestación será a las 4:00 p. m., frente a las oficinas de la JSF, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Hato Rey.

“La Junta se tiene que ir. Son 10 años en los que nuestros servicios se han visto precarizados, 10 años de recortes y de imposiciones de personas que no responden al pueblo ni quieren lo mejor para Puerto Rico”, expresó la portavoz del Movimiento Estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, Marina Rodríguez Seguí.

En conferencia de prensa, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves Torres, indicó, por su parte, que la convocatoria “es un asunto de pueblo”, por lo que hay representación de organizaciones comunitarias, sindicales, ambientales, políticas y sociales.

“Estamos hablando de un pueblo que puede tener distintas situaciones, impotencia, resignación, y nosotros queremos sembrar esperanza. La posibilidad la tenemos nosotros, tenemos la gente preparada para reconstruir al país. El llamado a la persona de a pie es, ‘¿qué te está pasando en tu vida?’. Ahora mismo, la respuesta va a ser: ‘no tengo agua’”, añadió.

Aunque la ley Promesa fue promulgada por el Congreso, en 2016, con la intención de reestructurar la deuda pública y restaurar la responsabilidad fiscal, el colectivo manifestó que esas metas no se han alcanzado.

“Luego de 10 años, se hace claro que, al evaluar esa presencia colonial en Puerto Rico, el deterioro y el daño educativo, cultural, económico, ambiental, de servicios esenciales, derechos humanos y daño político que ha causado la Junta durante una década, requiere que el pueblo se exprese y repudie a esa Junta”, añadió Nieves Torres.

El grupo de entidades denunció que el gobierno mantiene un aparente rechazo a la JSF mientras la utiliza como excusa para ocultar sus propias ineficiencias y evadir responsabilidad por sus decisiones.

“(Dicen) ‘Yo quisiera darle más a la Policía, yo quisiera darles más a los maestros, pero es que la Junta no me deja’. ¡Por Dios! Tú (gobierno) estás de acuerdo con lo que está haciendo la Junta y el país tiene que saberlo y entenderlo, porque se proyectan como que están en contra de la Junta, pero ni siquiera políticamente han asumido una posición concreta en contra de la Junta”, continuó Nieves Torres.

Sobre la UPR, Rodríguez Seguí recordó los recortes presupuestarios, el aumento en los costos de estudio, la precarización del profesorado y el deterioro de la infraestructura que enfrenta la institución.

Un análisis del Centro de Estudios del Desarrollo encontró que, para 2025, la UPR había perdido $412 millones, mientras que los municipios habían dejado de recibir $350 millones en aportaciones del gobierno central.

“Estos planteamientos (…) son pocos si vamos a hacer la lista de todos los impactos y los daños que ha provocado la Junta”, mencionó Nieves Torres. “Promesa creó unas expectativas en el país de que iba a acabar con la corrupción, de que iba a poner en orden las finanzas, que iba a implantar un plan de desarrollo económico. ¡Mentira!”, agregó.

Ante la reciente controversia que involucra al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y al exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio Sebastián Negrón Reichard, Nieves Torres sostuvo que la situación “debe motivar al pueblo a salir a la calle”. Negrón Reichard radicó una querella solicitando que se investigue a Domenech por alegadas irregularidades en procesos de contratación pública.

“Todo eso tiene que provocar la indignación del pueblo, porque estamos hablando de que el gobierno ha reconocido que ha nombrado unos funcionarios bajo el concepto y el criterio político partidista, donde la prioridad es que el partido salga bien y no el pueblo”, anotó.

El colectivo identificó tres fechas en las que convocará manifestaciones y encuentros: 30 de junio, con motivo del aniversario de la aprobación de la ley Promesa; 31 de agosto, por el nombramiento de los siete miembros originales de la JSF; y 30 de septiembre, por la primera reunión del ente.