Casi una decena de organizaciones comunitarias y ambientales solicitaron a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés) que tome en consideración la controversia reciente por el acceso de tanqueros a la bahía de San Juan, así como la deteriorada condición financiera de New Fortress Energy (NFE), y retire el permiso para la operación del terminal de gas natural licuado (LNG, en inglés) en el muelle de la capital, que ha funcionado desde 2021 bajo una autorización provisional.

“NFEnergía (filial de NFE) ha abusado descaradamente de la autorización limitada de operación temporal otorgada por la FERC en abril de 2021. NFEnergía ha expandido significativamente sus operaciones más allá de dichas limitaciones en los cinco años desde que recibió la autorización, y la aprobación indefinida de la FERC ya no es apropiada”, argumentó el grupo de entidades ambientalistas, que incluye al Comité Diálogo Ambiental, El Puente, Sierra Club y Amigos del Río Guaynabo, así como a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, entre otras.

Al momento de publicación, no se había recibido una reacción solicitada a NFE.

Las organizaciones señalaron que, al concederse el permiso provisional en 2021, el terminal de LNG construido por NFE supliría únicamente el combustible que utilizan las unidades de ciclo combinado #5 y #6 de la contigua central San Juan, una operación que, desde entonces, se ha ampliado a 14 unidades de generación temporales instaladas desde 2023 y que estarán en funcionamiento, al menos, hasta finales de 2027.

Mientras se mantiene la autorización provisional, la FERC ha encaminado la preparación de una declaración de impacto ambiental, si bien se ha retrasado respecto al plazo original, que contemplaba completarla para mayo de este año.

La expansión en las importaciones de LNG, a su vez, ha requerido que se utilicen buques de mayor tamaño, que hasta quintuplican los 30,000 metros cúbicos que inicialmente atracaban frente al terminal de NFE, señaló el grupo de organizaciones, representado por la firma EarthJustice y los abogados locales Pedro Saadé, Ruth Santiago y Rolando Emmanuelli.

Ese incremento en el tamaño de los tanqueros –que dependen de permisos caso a caso por parte de la Guardia Costera– se encuentra al centro de la controversia judicial en curso entre NFE y un grupo de pilotos de las embarcaciones que escoltan los buques en la bahía, luego de que la gasífera optara por utilizar remolcadores de menor capacidad en un aparente esfuerzo de reducir costos.

“En resumen, hay evidencia abundante que apunta a que NFEnergía voluntaria e ilegalmente operó tanqueros más grandes de LNG de manera insegura, en violación de las restricciones de la Guardia Costera, y planifica continuar haciéndolo”, señalaron las organizaciones, al estimar que más de 18,000 personas residen en un radio de una milla del terminal de combustible, y sobre 150,000 lo hacen dentro de un espacio de tres millas.

Según el escrito –que se sometió al expediente de la FERC el 30 de septiembre–, la polémica que se suscitó en julio, cuando NFE retiró de la bahía un tanquero sin que despachara el combustible en medio de discusiones contractuales con el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, demostró que la red eléctrica de Puerto Rico puede operar sin depender exclusivamente del LNG, lo que pone en duda el planteamiento en que se fundamenta la continuidad del permiso provisional para el terminal.

En ese sentido, apuntaron a que la capacidad de generación de energía renovable a nivel residencial se ha expandido dramáticamente desde 2021, alcanzando más de 1,000 megavatios de producción y 2,000 megavatios hora de almacenamiento en baterías.

De otra parte, las organizaciones puntualizaron que la FERC tiene la facultad de tomar en cuenta el estado financiero de NFE al determinar si debe proceder con el permiso para el terminal, y enumeraron los riesgos que el propio conglomerado ha reconocido en sus informes periódicos, como la degradación de su crédito, la pérdida neta de sobre $700 millones en lo que va de año y la posible aceleración de sus obligaciones de repago de deuda en 2026.

“Al evaluarse en su conjunto, demuestran que NFEnergía carece de la capacidad financiera, competencia técnica y voluntad para operar de manera segura el terminal”, aseveraron.