El Primer Circuito de Apelaciones pausó la resolución del pleito en torno a los despidos de tres integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), accediendo así a la solicitud de la administración de Donald Trump, que pidió aguardar por el desenlace de un caso similar que se encuentra en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“La solicitud de aplazamiento se concede. Los demandados-apelantes deberán entregar un informe de estatus cada 30 días, a partir de la fecha de esta orden, y deberán notificar sin demora a esta corte cuando el Tribunal Supremo emita una decisión en Trump vs. Cook”, indicó el martes el Primer Circuito de Apelaciones, por voz del juez puertorriqueño Gustavo Gelpí.

La controversia se encuentra ente el circuito apelativo luego de que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico resolviera a favor de Arthur González, presidente de la JSF, y los también directivos Betty Rosa y Andrew Biggs, quienes estuvieron entre el grupo de seis miembros del organismo que Trump removió en agosto pasado. Los tres directivos argumentaron que la Casa Blanca no tenía la facultad de removerlos sin “causa” y, en octubre, la jueza federal María Antongiorgi-Jordán los restituyó en sus puestos.

Tras elevarlo al Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, el Departamento de Justicia estadounidense pidió paralizar el caso hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el pleito que involucra a Lisa Cook, una funcionaria del Banco de la Reserva Federal que también impugnó judicialmente su despido por parte de la administración Trump. Los abogados de González, Rosa y Biggs consintieron al aplazamiento solicitado.

El Tribunal Supremo programó una vista oral el 21 de enero de 2026 para considerar el caso de Cook.

“Al menos, dos de los argumentos principales en este caso también forman parte del caso relativo a la remoción de Lisa Cook como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, incluyendo el cuestionamiento de si una remoción por causa está sujeta a revisión y si el presidente está requerido a proveer un aviso y una oportunidad para una vista antes de la remoción”, indicó Justicia federal, en la moción en que pidió poner en pausa la controversia en torno a las destituciones en la JSF, organismo que controla las finanzas pública en Puerto Rico.

Tras las restituciones ordenadas en octubre, la JSF funciona con cuatro integrantes: González, Biggs, Rosa y Andrew Nixon.