Meses después de culminarse la limpieza del caño Martín Peña –una fase que ya ha tenido como resultado una reducción del volumen y magnitud de las inundaciones en las comunidades aledañas–, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) dio paso este martes a un proyecto para fortalecer los cimientos de tres puentes que cruzan el cuerpo de agua, en lo que representa la fase previa al dragado que, por décadas, han reclamado residentes agobiados por los problemas de salud pública derivados del deterioro ambiental del ecosistema.

“Este segundo contrato, como se ha señalado, es un hito histórico porque tiene que ver con infraestructura crítica dentro del distrito (del caño Martín Peña). El puente Martín Peña conecta el distrito financiero de Hato Rey con Santurce; el puente Muñoz Rivera también conecta la ciudad con el otro lado; y el Tren Urbano, que es un (medio de) transporte colectivo”, señaló Mario Núñez Mercado, director ejecutivo de la Corporación del Proyecto ENLACE, que coordina las estrategias de desarrollo socioeconómico en las ocho comunidades aledañas al caño.

“Cuando se construyeron estos puentes, nunca se pensó en un dragado del caño Martín Peña. Al ensanchar el canal 100 pies de ancho por 10 pies de profundidad, ese flujo hidráulico va a aumentar y no queremos poner en riesgo esa infraestructura crítica. Por lo tanto, las bases de estos puentes se van a estar reforzando, de forma que, cuando se dé la apertura del canal, no afecte”, abundó Núñez Mercado, en un aparte con El Nuevo Día.

En una ceremonia de colocación de primera piedra –en la que estuvieron representantes de la comunidad, el Municipio de San Juan y el gobierno federal–, el USACE anunció que el contrato para el fortalecimiento de las tres estructuras se otorgó a Novel Construction, una fase con un costo estimado de $14.7 millones.

En principio, el contrato para las mejoras en los puentes contempla que los trabajos se completen en dos años, es decir, entre finales de 2026 e inicios de 2027, pero Núñez Mercado se expresó confiado en que finalicen antes. Paralelamente, el USACE ya publicó la subasta para otorgar el contrato correspondiente a la tercera y última fase del proyecto, que abarca el dragado y ensanchamiento del canal, así como elementos de restauración ecológica, como la siembra de 35 acres de mangles.

La remoción de basura y material vegetal que tuvo lugar en la primera etapa –que culminó en 2024– abarcó las 2.2 millas que eventualmente serán impactadas con el dragado, precisó Núñez Mercado.

“El proyecto, en general, es un proyecto de restauración ecológica, no de control de inundaciones, pero sí ha tenido un impacto significativo en la cantidad de inundaciones, aumentan la capacidad del cuerpo de agua de manejar la escorrentía pluvial. Las comunidades, no es que no se inunden, pero la duración de esas inundaciones ha bajado significativamente”, dijo, con relación a la fase que redundó en la remoción de 36 acres de material vegetal y 18,800 toneladas de escombros y basura.

A lo largo de las décadas, los residentes de las comunidades del caño –entre las que se encuentran Las Monjas; Israel y Bitumul; Barrio Obrero Marina; Buena Vista Hato Rey; Parada 27; Barrio Obrero San Ciprián; Buena Vista Santurce; y Cantera– han sufrido no solo las inundaciones, sino la pestilencia causada por la acumulación de agua que no ha podido discurrir adecuadamente entre la bahía de San Juan y la laguna San José.

Pese a los recortes en fondos federales y los incrementos que se han experimentado en los pasados años en obras de construcción, el comandante del Distrito del Caribe del USACE, Charles Decker, se mostró confiado en que habrá suficiente dinero para llevar a término la totalidad del proyecto, aunque, en última instancia, dependerá de las ofertas que se reciban en la licitación, que debe adjudicarse antes de fin de año.

“Tenemos el dinero para terminar, pero va a depender del proceso competitivo. No puedo decir, en este momento, cuánto nos va a costar. Debe ser sobre $100 millones, porque es la parte más cara. Los dos contratos (etapas) restantes son las más costosas, por mucho”, dijo el coronel.

Núñez Mercado precisó, en tanto, que el Congreso asignó, por medio del USACE, $163 millones de los $264 millones que debía costar la restauración. Sin embargo, advirtió que, de materializarse un sobrecosto, correspondería a las autoridades locales identificar el financiamiento adicional, a menos que el Congreso disponga nuevas partidas de fondos federales.

“Tenemos varias opciones que todavía no hemos definido, entre ellas, volver al Congreso de Estados Unidos para pedir un aumento en la aportación federal y, obviamente, negociar acá con el gobierno local. También va a aumentar, posiblemente, la aportación del gobierno local, porque la fórmula de costos es de 65% en aportación federal y un 35% de aportación local”, subrayó Núñez Mercado, quien espera que el cierre del proyecto se concrete alrededor de 2032.

De otra parte, estimó en 400 las familias que necesitarán ser realojadas para viabilizar las etapas restantes del proyecto de dragado.

“Ahora, nos estamos moviendo al desarrollo de vivienda multifamiliar para proveerles viviendas de reemplazo”, dijo Núñez Mercado, mencionando que ya se han relocalizado entre 700 y 800 familias dentro de las comunidades del caño.

Uno de los predios identificados para la construcción de vivienda ubica en las antiguas facilidades de la Administración de Servicios Generales, en la avenida Barbosa, precisó. “El otro proyecto está en la avenida Quisqueya, en lo que era el parque de pelota de Las Monjas”, mencionó el líder comunitario, quien se mostró esperanzado de que los desarrollos, al estar más distanciados de los cuerpos de agua, no requieran trabajos mayores de mitigación.