Informes financieros auditados revelan que, en 2024, 32 municipios (43%) gastaron más dinero que el que ingresaron a sus arcas, una práctica que debilita el ya deteriorado estado de las finanzas de los ayuntamientos, según la más reciente edición del Índice de Salud Fiscal Municipal de la organización ABRE Puerto Rico (ABRE PR).

La cifra representa un aumento de un 4% respecto a lo registrado en 2023, cuando 30 municipios incurrieron en esa práctica, de acuerdo con el análisis.

“Los municipios están cuidando de su balance general, pero volvieron a gastar más de lo que ingresaron”, expuso el subdirector de ABRE PR, Wesley Sepúlveda, en una conferencia de prensa, en la Fundación Banco Popular, en Hato Rey.

ABRE PR utiliza 13 indicadores generales “para poder comparar un municipio con otro”, explicó, por su parte, el director ejecutivo de la entidad, Ángel Sierra. Entre esos criterios, está el cambio neto en el balance del fondo general durante el año respecto a sus ingresos; el balance de fondos acumulado del fondo general al cierre, relativo al gasto anual; activos corrientes del municipio por habitante; exceso o deficiencia operacional del fondo general, sin considerar préstamos ni transferencias, entre otros.

De la totalidad de los indicadores, cinco miden el desempeño del municipio durante el año fiscal evaluado y se les asigna un 65% del peso en la fórmula y el otro 35%, a los indicadores de la posición financiera, o la acumulación de las deudas de años anteriores.

“El superávit es solo uno de los cinco indicadores de rendimiento fiscal. El que un municipio tenga un superávit no necesariamente significa que va a salir bien en este análisis, que abarca mucho más que solamente si tiene un superávit o un déficit en su fondo general”, subrayó Sierra.

El análisis clasifica los niveles de salud fiscal en cinco categorías: excepcional, saludable, promedio, deficiente e insostenible.

Entre los catalogados por la organización como deficientes, resaltan Isabela, Caguas, Carolina y Arecibo. Mientras que, en el desempeño fiscal insostenible, el más bajo, figuran Caguas, Toa Baja, Loíza, Río Grande, entre otros.

En cambio, 42 municipios (57%) se encuentran entre las categorías excepcional, saludable o promedio. Los ocho municipios excepcionales son: Aibonito, Utuado, Culebra, Barranquitas, Vieques, Fajardo, Cayey y Hatillo.

Once municipios, en esta edición, obtuvieron una calificación inferior a la registrada en 2023: Río Grande, Cidra, Bayamón, Carolina, Isabela, Comerío, Barceloneta, Lajas, Las Marías, Aguada y Salinas.

Al momento del análisis, los municipios de Camuy, Ciales, Guánica y Villalba no habían publicado sus informes financieros para ser incluidos en las cifras de ABRE PR.

El reporte precisa, además, que el porcentaje de municipios que recibe más del 40% de sus ingresos del fondo general del gobierno central disminuyó de un 7%, en 2023, a un 4% en 2024.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si se podía adjudicar las clasificaciones de deficientes e insostenibles a la administración de los alcaldes, Sierra explicó que podría ser un factor, aunque no por completo.

“Nosotros no evaluamos a los alcaldes como tal, nosotros evaluamos los estados auditados financieros, y ahí hay cosas que, en efecto, los alcaldes y sus directores de finanzas tienen el control sobre ellos y otras cosas que no necesariamente, como infraestructura de otros activos que heredan y no les queda de otra”, explicó el director.

De igual forma, al ser cuestionado sobre si las clasificaciones se afectan al incluir gastos e inversiones que los ejecutivos municipales realizan para atender situaciones de emergencia, como la crisis del agua que afecta actualmente a varios municipios, Sierra apuntó que es algo que se consideraría para futuros análisis.

A modo de ejemplo, explicó que, si solo la mitad de los municipios se ven en necesidad de hacer gastos de emergencia, al ser comparados, en promedio, con los otros municipios reflejarían bajas en sus números.

“Parte de lo que queremos hacer en ABRE PR, y ya estamos trabajando, es para que, en años próximos, podamos poner algunos controles en nuestra metodología para que entonces, cuando pasen cosas que obliguen a los municipios invertir más dinero, que no necesariamente se vean penalizados”, apuntó Sierra.

Casi la mitad de los municipios se vieron afectados por la eliminación, por disposición de la Junta de Supervisión Fiscal, del Fondo de Equiparación, que distribuía dinero a base de las necesidades económicas de cada municipio y que se nutría de un 2.5% que transfería el Estado de las rentas internas netas y un 35% del ingreso neto de la Lotería Electrónica. La eliminación de esa partida se ejecutó gradualmente desde 2017 hasta el 30 de junio de 2024.

El pasado viernes, la Federación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP)– pidió una reunión con la gobernadora Jenniffer González, luego que la mandataria vetara tres medidas que, según el liderato de la organización, allegarían millones de dólares a las administraciones municipales para paliar la crisis financiera.