Para el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, las cláusulas incluidas en la versión final del contrato de New Fortress Energy (NFE) son suficientes para asegurar el suministro de combustible por largos periodos, independientemente del desenlace financiero de la gasífera, que actualmente negocia con sus acreedores tras obtener una moratoria al repago de sus deudas.

“Va a requerir que NFE actúe de forma razonable y, si no lo hacen, el gobierno tendría la posibilidad de hacer valer las provisiones, y NFE no estaría en cumplimiento con el contrato”, dijo Mujica, en referencia a la obligación del conglomerado de brindar acceso a otros proveedores a su terminal de combustible en la bahía de San Juan, en caso de no poder suplir por sí mismo el gas natural solicitado para operar la flota de generación eléctrica.

Tras meses de negociaciones, el acuerdo avalado por la JSF a finales de noviembre estipuló los términos básicos –incluido el costo– bajo los que NFE tendría que hacer disponible el terminal a otros suplidores, con miras a evitar interrupciones en las entregas del combustible, como las que se han registrado este año. En julio, la interrupción del suministro se extendió cerca de una semana, y entre finales de septiembre e inicios de octubre, por dos semanas. En ambos casos, Genera PR –operador de la flota de la Autoridad de Energía Eléctrica y afiliada de NFE– tuvo que recurrir al diésel, un combustible más costoso y contaminante, para mantener en servicio las plantas de las centrales San Juan y Palo Seco (Toa Baja).

Aunque, en ambas instancias, se trató de disloques relativamente cortos, Mujica aseguró –durante una conferencia de prensa tras la última reunión pública de la JSF en el año– que los términos contractuales podrían prevenir interrupciones más largas.

“Es para periodos largos y cortos. Nuestro entendimiento de las discusiones con la P3 (Autoridad para las Alianzas Público Privadas) es que ellos comenzarían a hablar con proveedores alternos para tener esos acuerdos finiquitados y que no hubiera brechas mayores, independientemente de que (el incumplimiento en las entregas) fuera largo o corto. Creemos que estas provisiones, incluso si NFE tuviera dificultades financieras y estuviera sujeto a las cortes de bancarrota, sobrevivirían y serían capaces de preparar un acuerdo de peaje”, sostuvo Mujica, quien dijo que la JSF no ha tenido discusiones directas con el conglomerado.

A mediados de noviembre, antes que la JSF diera el visto bueno al contrato de gas con el gobierno de Puerto Rico –que tiene extensión de siete años–, NFE pactó con sus acreedores para obtener una moratoria de 30 días a las obligaciones que vencían el mes pasado.

El presidente de la JSF, Arthur González, sostuvo que, ante un escenario de insolvencia, sería necesario conocer el tipo de protección a la que se acogería NFE para determinar el futuro del contrato de Genera. El texto del pacto permite al gobierno cancelarlo, sin siquiera requerir autorización del organismo fiscal, en caso de una declaración de bancarrota de la matriz, una disposición que el presidente de Genera, Winnie Irizarry, reconoció esta semana –en las vistas de revisión tarifaria– que le “preocupa”.

“Si fuera reestructuración de NFE, y continúan operando durante la bancarrota, es una cosa. Si fuera –y no tengo razón para pensar que así será– una liquidación de NFE, claramente no estarían operando sus contratos. Todavía es muy especulativo pensar qué pasará en ese momento, si llegara a pasar, pero ciertamente creo que todas las partes se prepararán lo mejor posible para atender el problema si ocurriera”, dijo el exjuez de Quiebras.

Mujica, de otra parte, subrayó que, a su entender, la JSF no tiene mayor campo de acción para intervenir en el contrato de alquiler, suscrito en 2018, que concedió a NFE el control del muelle de gas natural por 20 años. Planteó que fue bajo esa premisa que, a lo largo del verano, el ente fiscal se concentró en requerir enmiendas al recién firmado acuerdo de suplido de combustible.

Durante la reunión pública, que se celebró de manera virtual –y a la que la gobernadora Jenniffer González se unió desde Nueva York–, Mujica y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, hicieron hincapié en los procedimientos que se están siguiendo para desarrollar el presupuesto del año fiscal 2026-2027. Rivera Berríos recalcó que, por primera vez desde que se aprobó la ley Promesa, es el gobierno electo –y no la JSF– quien lidera las distintas etapas de elaboración presupuestaria.

Mientras, Mujica esbozó que, además que el gobierno prepare planes presupuestarios “multianuales” –en línea con los planes fiscales que la JSF ha certificado periódicamente a lo largo de su existencia–, se requirió a la administración de González que incorpore un presupuesto de mejoras capitales separado de las partidas del Fondo General.

“Eso establecerá la fundación para eventualmente regresar a los mercados de capital”, dijo Mujica, haciendo referencia a uno de los dos requisitos básicos de Promesa para la disolución de la JSF, junto a la certificación de cuatro presupuestos balanceados consecutivos.

Aunque sin comprometerse a términos específicos, Mujica dijo que espera que en 2026, finalmente, “nos movamos adelante” con la reestructuración financiera de la JSF y que, en el año fiscal 2027, “con suerte”, se concluya el procedimiento bajo el Título III.

La primera ejecutiva, en tanto, ofreció un mensaje en el que atribuyó a su administración logros en las áreas energética, fiscal y económica, incluida la continuidad de los beneficios mientras se extendió el cierre parcial del gobierno federal. González regresa hoy, miércoles, a Puerto Rico, tras viajes a Texas y Nueva York, donde se reunió con oficiales de las casas acreditadoras Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s.