Fajardo - Para el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, el reciente veto a la legislación que eliminaba, al cabo de tres años, el impuesto al inventario es producto de la práctica de implantar ajustes contributivos sin un análisis integral de las necesidades de ingresos y gastos de las entidades públicas del país.

Al vetar el Proyecto de la Cámara (PC) 420, la gobernadora Jenniffer González anunció la creación de un comité, presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, que tendrá la encomienda de identificar las fuentes de recaudos para sustituir el impuesto sobre la propiedad mueble, que representa más de $300 millones anuales para las arcas municipales.

“Ya veremos lo que dice el comité. Hay un balance entre asegurarse de que hacemos una reforma contributiva… Todo esto es parte de la reforma, y es el reto de atender piezas individuales que no son parte de la estructura general, porque siempre habrá implicaciones (adicionales)”, expresó este sábado Mujica.

En un encuentro con los medios de comunicación luego de participar de un evento de la Federación de Alcaldes –que, al igual que la Asociación de Alcaldes, cabildeó a favor del veto ejecutivo–, Mujica puntualizó que la JSF históricamente ha favorecido congelar el impuesto al inventario, como el PC 420 disponía por un período de tres años.

“El impuesto al inventario evita que artículos, materiales, incluso en una emergencia, lleguen a Puerto Rico. Pero, una vez estableces el tope, la pregunta es: ¿qué haces después?”, señaló.

“Siempre lo hemos apoyado (congelación). Tenemos que ver qué sale del comité gubernamental, si la Legislatura lo retoma y nosotros lo miraremos en el contexto general de la reforma contributiva”, abundó.

Mujica comparó el escenario en torno al impuesto al inventario con la eliminación gradual del Fondo de Equiparación que, hasta 2024, se remitía a los ayuntamientos.

“Cuando (la fuente de ingresos) se va, la gente quiere saber cuál va a ser la alternativa”, subrayó.