Por primera vez desde que se aprobó la ley federal Promesa hace dos años, y luego de casi tres meses de discrepancias en torno al plan fiscal y el presupuesto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares acudió ayer al tribunal por entender que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “usurpa” los poderes administrativos y legislativos conferidos al gobierno puertorriqueño.