Unos 20 trabajadores del recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no continuarán en sus empleos en el nuevo año al, presuntamente, dejarse sin efecto sus contratos tras participar en un paro laboral, denunció el Sindicato de Trabajadores de la UPR.

El presidente del Sindicato, David Muñoz Hernández, sostuvo que los trabajadores enfrentan represalias por unirse a la manifestación en la cual denunciaron la inacción de la administración universitaria contra un supervisor del recinto que presuntamente enfrenta decenas de denuncias de acoso laboral.

“Los trabajadores quedarán en la calle en plena época navideña y la administración seguramente se sentirá recompensada. Se trata de la tiranía del poder en su máxima expresión. Estos trabajadores participaron de protestas del Sindicato en reclamo de sus derechos y contra un patrón de hostigamiento laboral de parte de un supervisor y la presidencia de la institución”, señaló Muñoz Hernández, mediante declaraciones escritas.

De inmediato, no fue posible obtener una reacción de la administración universitaria.

El líder sindical indicó que los contratos de los empleados afectados vencen el 31 de diciembre.

Muñoz Hernández acusó a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y a la rectora interina Rochellie Martínez Vivas de desatar “represalias que muestran el horror de quienes se creen dueñas y dueños” de la institución académica.

“El Sindicato actuará y utilizará todos los remedios que sean efectivos para la preservación de nuestros derechos. En el 2025, combatimos sin descanso y, en 2026, será igual. La situación laboral en el sistema de la Universidad de Puerto Rico ha seguido deteriorándose bajo un patrón de hostigamiento y represalias de parte de la presidencia contra trabajadores que reclaman se cumplan acuerdos contraídos y mejoren sus condiciones de trabajo, mientras la respuesta de la administración ha sido amenazas y despidos”, apuntó.

Desde inicios de este año académico, el Sindicato de Trabajadores ha realizado diversas manifestaciones para denunciar la reinstalación de un supervisor que, según la unión, había sido removido tras señalamientos de supuestas “prácticas antiobreras contrarias al convenio colectivo, reglamento general y las reglas de conducta que debe exhibir un funcionario universitario”.

El Tribunal de San Juan emitió, a inicios de noviembre, una orden provisional de entredicho que prohibió al Sindicato obstruir los accesos a todos los recintos y unidades de la UPR, tras varias protestas en solidaridad con los reclamos de los empleados de Cayey.

Martínez Vivas ocupa el cargo de rectora interina luego que la rectora anterior, Carmen Quiroga, renunció al puesto en agosto, el mismo día que los portones del recinto amanecieron bloqueados por una manifestación de empleados del Sindicato. Esa manifestación también estuvo relacionada con el presunto caso de hostigamiento laboral. El Sindicato atribuyó su renuncia a presiones de Jordán Conde.

Muñoz Hernández exigió a la presidenta de la UPR que desista de los despidos, amenazas e intimidaciones a los empleados. Del mismo modo, recordó que no se han honrado acuerdos alcanzados con el gremio y que la administración universitaria debe informar cuándo entrará en vigor el Plan de Clasificación y Retribución de los empleados no docentes.

“Se equivoca la presidenta si piensa que las amenazas e intimidaciones van a detenernos en nuestra lucha por la justicia laboral que nos merecemos todos los trabajadores”, expuso.