La Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) escogió a la abogada Alejandra Belmar Jiménez como su primera mujer directora en los 70 años de historia de esta organización no gubernamental dedicada a la defensa en las cortes de indigentes acusados de delitos graves.

Belmar Jiménez, quien en el pasado dirigió la Oficina de San Juan de la SAL, estudió un bachillerato en Administración de Empresas y un Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Además, por 10 años, fue profesora en la Clínica de Derecho de la UPR.

“Confiamos en su éxito en esta importante posición para nuestra clientela, la SAL y nuestra patria”, afirmó este miércoles, en un comunicado de prensa, el presidente de la Junta de Directores de la entidad, Jesús Rivera Delgado.

“Agradezco a la Junta de Directores de la Sociedad para Asistencia Legal su confianza en mí para asumir las riendas de esta institución a la que he dedicado toda mi carrera profesional en el campo del derecho, y asumo este nuevo rol con el compromiso de atemperarla a las necesidades de nuestra clientela en los tiempos que se avecinan”, dijo, por su parte, Belmar Jiménez, en su primera reacción a la designación.

“A mis compañeros y compañeras, les reconozco su entrega a nuestra misión y les exhorto a arreciar nuestra lucha en favor de una representación legal digna de los más desventajados económicamente. A mis conciudadanos y conciudadanas puertorriqueñas, tengan la certeza de que su inversión en esta noble institución está asegurada, en términos de lograr una sociedad menos desigual ante las alegaciones de conducta punible por parte del Estado”, agregó.

En tanto, Rivera Delgado agradeció el trabajo del director saliente, Félix Vélez Alejandro, quien dirigió la SAL por 10 años. “El licenciado Vélez enfrentó retos sin precedentes en la historia de la SAL. Hoy, gracias a su gestión, la entidad se encuentra sólida y en posición para asumir los desafíos que se avecinan para continuar la labor realizada en los últimos setenta años”, sostuvo.

La SAL, que tiene oficinas en cada una de las 13 regiones judiciales de la isla, tiene como misión asumir la defensa de personas acusadas de delitos criminales que carezcan de medios para costear su representación legal, como es el caso de la inmensa mayoría de los imputados de crímenes en Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico establece que todo acusado tiene derecho a ser representado por un abogado, que le será provisto de manera gratuita en caso de que la persona carezca de los medios para sufragar su defensa.

Según estadísticas de la organización, asume la defensa de unas 20,000 personas cada año.

La SAL se sostiene de asignaciones legislativa recurrentes y no recurrentes, aportaciones y la venta de sus sellos.

Durante los últimos años, abogados de la SAL se han apuntado importantes triunfos, como la absolución en 2016 del paciente mental acusado de la muerte del niño Lorenzo González Cacho, ocurrida en 2010, y la exoneración, en 2019, de José Armando Torres, quien pasó 28 años preso por crímenes que no había cometido.