Ya Puerto Rico legisló, reglamentó e interpretó las normas conforme a la Constitución, esto no tiene que cambiar, a tenor con la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, filtrada a los medios, que deja en manos de los estados determinar cómo y sí se reglamenta el servicio de terminación de embarazos y el derecho de las mujeres a tomar la decisión de optar por un aborto ante un embarazo no deseado, escribe Esther Vicente.
