Grupos comunitarios que objetan los mecanismos adoptados por el gobierno federal para manejar los problemas de inundaciones en la cuenca del río Piedras presentaron, a través del representante Héctor Ferrer Santiago, dos medidas legislativas para promover la reconceptualización del proyecto de canalización que dirige el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), obra que se ha contemplado desde la década de 1980 sin que su ejecución haya podido avanzar significativamente.

El Proyecto de la Cámara (PC) 2166, por un lado, propone la “Ley para la Coordinación del Manejo Integrado y Participativo de la Cuenca del Río Piedras”, que crearía un organismo que aglutinaría representantes de múltiples agencias y el municipio de San Juan junto a 15 representantes de las comunidades que desarrollarían la Coordinación Urbana Estratégica para la Nueva Conservación de las Aguas (CUENCA).

La denominada “Junta Multisectorial para la implementación de CUENCA” tendría la responsabilidad de coordinar “la gestión y el manejo responsable y equitativo de las aguas dentro de la cuenca del Río Piedras”.

Según el texto de la legislación, de 37 páginas, las medidas para el control de inundaciones y el manejo del recurso agua deberán priorizar soluciones basadas en la naturaleza y la llamada infraestructura verde.

Además del municipio capitalino, otras ocho entidades públicas formarían parte de la Junta Multisectorial, incluyendo al Usace, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Del lado comunitario, en tanto, habría representantes de las urbanizaciones Puerto Nuevo, University Gardens, Jardines Metropolitanos, Villa Nevárez y Reparto Metropolitano, sendos representantes de las zonas denominadas como “cuenca alta”, “cuenca media” y “cuenca baja”, y cuatro comerciantes de negocios colindantes al cauce del río Piedras. El organismo también contaría con tres integrantes con “conocimiento técnico” en áreas como ingeniería, planificación, arquitectura, ciencias naturales y desarrollo comunitario.

El PC 2166, presentado el 17 de mayo a petición de las organizaciones Guarda Río, Coalición Comunitaria por la Cuenca del Río Piedras y ¡Planifiquemos!, propone establecer un comité científico, de entre cinco y nueve miembros que serían seleccionados y brindarían apoyo a la Junta Multisectorial.

Los instrumentos de planificación que quedarían bajo la jurisdicción de la Junta Multisectorial serían el propio proyecto de manejo de inundaciones del Usace, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y el Plan de Mitigación contra Peligros Naturales aprobado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“Entre las principales preocupaciones está el hecho de que el proyecto (del Usace) se enfoca en medidas estructurales de alto impacto, como la canalización extensiva del cauce con muros de hormigón, en lugar de priorizar soluciones basadas en la naturaleza y la reducción de la vulnerabilidad social”, puntualiza la exposición de motivos de la medida.

Paralelamente, Ferrer Santiago radicó una resolución concurrente que, de aprobarse, pediría a la Casa Blanca y el Congreso federal que “intervengan” para que el Usace garantice la “participación pública significativa” y “estándares de justicia ambiental y climática”.

Se estima que el proyecto de canalización contemplado por Usace requiere una inversión de $2,700 millones, de los cuales el Congreso ha autorizado cerca de $1,600 millones. Para las fases restantes del proyecto, se prevé que al menos un centenar de estructuras residenciales y comerciales sean adquiridas para permitir su demolición.

La obra de canalización volvió a ser objeto de críticas la semana pasada, cuando El Nuevo Día reportó que Homeca Inc., subcontratista encargado de demoler cerca de una veintena de viviendas en la urbanización Puerto Nuevo, había procedido con los trabajos sin autorización del Usace, provocando un accidente entre uno de sus camiones y el vehículo de una residente.

Los trabajos en esa zona están paralizados porque el contratista directo del Usace, All Phase Services, no cuenta con un oficial de Seguridad y Control de Calidad en su plantilla, posición que tiene que ser avalada por la agencia federal.

En declaraciones escritas, Usace indicó que, al presente, espera por que el contratista y el subcontratista le sometan “información adicional”, tras lo cual “se determinará el curso de acción apropiado dentro de los parámetros del contrato y las regulaciones federales”.

El Usace precisó que, cuando se reanuden los trabajos de demolición, habrá personal del “task force” de la agencia para Puerto Rico e Islas Vírgenes “observando que las actividades de demolición se trabajen según las especificaciones del contrato y siguiendo todas las medidas de seguridad”.