La confidencialidad que se le garantiza a los casos de maltrato de menores hace difícil evaluar o fiscalizar la intervención del Departamento de la Familia en la remoción de la menor de 2 años, hija de una madre con negocio propio en Cayey, pero un experto en la ley de protección de menores hizo un llamado a la cautela, al tiempo que pidió a la agencia actuar con agilidad y en favor del mejor beneficio de la niña.