Río de Janeiro—El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, testificó por primera vez ante la Corte Suprema el martes sobre un presunto plan para permanecer en el poder y anular el resultado de las elecciones de 2022.

Bolsonaro y siete aliados cercanos están siendo interrogados por un panel de jueces superiores como parte de un juicio por acusaciones de que idearon un plan de varios pasos para mantener a Bolsonaro en el cargo a pesar de su derrota ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los acusados están siendo juzgados por cinco cargos: intento de golpe de estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, daños agravados y deterioro del patrimonio catalogado.

Una condena por golpe de estado conlleva una pena de hasta 12 años. Cuando se combina con los otros cargos, los acusados podrían ser condenados a décadas tras las rejas.

Bolsonaro ha negado repetidamente las acusaciones y dijo que es objeto de persecución política.

Los ocho acusados están acusados de formar el grupo central del plan. Los jueces también están interrogando al ex compañero de fórmula y ministro de Defensa de Bolsonaro, Walter Braga Netto, a los ex ministros Anderson Torres y Augusto Heleno y al ex edecán Mauro Cid, entre otros.

Los jueces escucharán a otros 26 acusados en una fecha posterior. El tribunal ya ha escuchado a docenas de testigos en audiencias que comenzaron a mediados de mayo.

Cid, quien firmó un acuerdo de culpabilidad con la policía federal, dijo el lunes al tribunal que Bolsonaro leyó y editó un documento que apuntaba a cancelar el resultado de las elecciones.

Cid también dijo que Bolsonaro se negó a interferir con respecto a los campamentos de partidarios que se instalaron frente a las instalaciones del ejército pidiendo una intervención militar después de que el entonces presidente perdiera las elecciones.

Muchos de esos seguidores fueron luego parte del motín del 8 de enero de 2023, cuando la Corte Suprema, el Congreso y el palacio presidencial en Brasilia, la capital, fueron saqueados. La policía dice que su levantamiento, que se produjo después de que Lula jurara el cargo, fue un intento de forzar la intervención militar y derrocar al nuevo presidente.

El fiscal general Paulo Gonet alega que el motín fue parte de un plan antidemocrático en expansión para anular el resultado de las elecciones. Parte de ese complot supuestamente incluía un plan para matar a Lula y al juez Alexandre de Moraes. El plan no siguió adelante en el último minuto porque el acusado no logró que el comandante del ejército se sumara, según Gonet.

Bolsonaro, un ex oficial militar conocido por expresar nostalgia por la dictadura pasada del país, desafió abiertamente el sistema judicial de Brasil durante su mandato de 2019-2022.

El tribunal electoral superior de Brasil ya le prohibió presentarse a las elecciones hasta 2030 por abuso de poder mientras estaba en el cargo y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

Thiago Bottino, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas, un grupo de expertos y universidad, calificó el juicio de histórico.

“Es la primera vez que vemos que personas acusadas de un intento de golpe de estado están siendo sometidas a un juicio penal, con las garantías del debido proceso penal, pudiendo defenderse pero respondiendo por estas acusaciones”, dijo.