Naciones Unidas— El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional fue destituido de su cargo el viernes, casi dos años después de que salieran a la luz por primera vez las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Por amplia mayoría, los 125 Estados miembros de la CPI destituyeron al abogado británico Karim Khan por “conducta indebida grave e incumplimiento grave de sus obligaciones”, según informó en un comunicado el órgano de supervisión del tribunal, la Asamblea de los Estados Partes.

Este largo y complicado proceso ha enfrentado entre sí a los defensores de los derechos humanos, al personal y a los Estados miembros, en un momento en el que la Corte ya se enfrenta a retos abrumadores, entre ellos una campaña de Estados Unidos para “desmantelar” la CPI, que se creó para juzgar a los responsables de los peores crímenes contra la humanidad.

El órgano de supervisión deberá ahora celebrar elecciones para nombrar a un nuevo fiscal, alguien que probablemente se enfrentará a sanciones por parte de la Administración Trump, que ya ha impuesto multas económicas y prohibiciones de viaje a 13 miembros del personal, entre ellos Khan.

“La CPI debe regirse por los más altos estándares. Esto incluye garantizar un lugar de trabajo seguro, con mecanismos eficaces y creíbles a disposición del personal o de cualquier otra persona que sufra abusos, incluida la violencia sexual o el acoso”, afirmó Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch, en una declaración a la AP.

Khan, de 56 años, fue acusado de conducta sexual inapropiada con una colaboradora, tal y como ha detallado The Associated Press en una serie de artículos, acusaciones que él ha negado rotundamente. Según los documentos a los que ha tenido acceso la AP, Khan mantuvo relaciones sexuales con la mujer e intentó impedir que ella denunciara los hechos.

Los abogados de Khan criticaron el proceso que condujo a su destitución, quejándose de que se le impidió intervenir en la sesión del viernes y alegando que se habían modificado las normas para perjudicarlo.

“La destitución de Khan se decidió mediante un proceso en el que nunca se le concedió una oportunidad justa de ser oído, y en contra de las conclusiones de los jueces independientes que examinaron todas las pruebas del expediente”, afirmó el abogado Tayab Ali en un comunicado. Añadió que el equipo jurídico de Khan impugnaría la decisión “a través de todos los mecanismos legales disponibles”.

La decisión se produce en un momento en el que el tribunal internacional se encuentra sometido a una enorme presión.

En una declaración realizada la semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos estaba poniendo en marcha una “campaña de gran envergadura para acabar con la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos”.

Rubio afirmó que presionará a los Estados miembros para que se retiren de la institución, impondrá sanciones a las organizaciones que colaboren con la Corte y prohibirá a su personal viajar a Estados Unidos. Se instará a los países que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos” a que rechacen la jurisdicción de la Corte sobre los ciudadanos estadounidenses.

Horas después de la votación, Venezuela anunció que se retiraría de la Corte. “Venezuela considera que las acciones de la Corte reflejan un sesgo geográfico evidente, que ha centrado de manera desproporcionada su labor en los países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, anunció Félix Plasencia, ministro de Relaciones Exteriores del país, en un comunicado. A principios de este año, los fiscales de la Corte anunciaron que archivaban una investigación sobre si las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela constituían crímenes contra la humanidad, alegando falta de pruebas. Sin embargo, continuará otra investigación sobre posibles crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro.

La Administración de Trump ya ha impuesto sanciones contra Khan y otra docena de miembros del personal de la CPI en represalia por las órdenes de detención que el tribunal ha dictado contra altos cargos israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, en relación con la guerra en Gaza y las investigaciones sobre personal estadounidense en Afganistán.

Según los expertos, las acusaciones contra Khan se han entremezclado con la investigación del tribunal sobre la guerra en Gaza.

“En este asunto se han entremezclado consideraciones políticas, sobre todo porque es la primera vez que un fiscal solicita órdenes de detención contra un aliado occidental”, declaró a la AP Iva Vukusic, investigadora de la Universidad de Utrecht que ha estado siguiendo el proceso.

La destitución de Khan no tendrá ninguna repercusión inmediata en las órdenes de detención dictadas en 2024 contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes contra la humanidad, que solo pueden ser retiradas por los jueces de la CPI.

Antes de dar por concluida la sesión a puerta cerrada, Kaukoranta hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que respete «la dignidad y la privacidad de todas las personas implicadas» en el caso de Khan.

“He expresado mi profundo agradecimiento a la Asamblea de los Estados Partes por el minucioso examen de esta difícil cuestión y por el espíritu de unidad demostrado a la hora de defender la integridad de la Corte”, afirmó.