CIUDAD DE MEXICO — La escena quedó grabada a fuego en la memoria de Patricia Méndez, una estudiante veracruzana de 21 años. Era marzo de 2015, en un hospital público de Veracruz cuando se vio forzada a expulsar un feto de unas 20 semanas, retorcida de dolor, ante la mirada impasible no sólo de personal médico, sino de policías alertados por los sanitarios que esperaban para tomar la declaración como inculpada por aborto.