Un abogado independiente pidió el martes la pena de muerte para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por cargos de rebelión en relación con su efímera imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

Destituido el pasado abril, Yoon se enfrenta a ocho juicios por diversos cargos penales relacionados con la debacle de la ley marcial y otros escándalos relacionados con su mandato. Las acusaciones de que dirigió una rebelión son las más significativas.

El equipo del abogado independiente Cho Eun-suk solicitó al Tribunal del Distrito Central de Seúl que condenara a muerte a Yoon.

Se espera que el tribunal de Seúl dicte sentencia sobre Yoon en febrero. Según los expertos, es probable que el tribunal lo condene a cadena perpetua. Corea del Sur no ha ejecutado a nadie desde 1997.

Yoon tenía previsto hacer declaraciones en la vista del martes. Ha mantenido que su decreto era un intento desesperado pero pacífico de concienciar a la opinión pública sobre lo que consideraba el peligro del Partido Democrático, de la oposición liberal, que utilizaba su mayoría legislativa para obstruir su agenda. Calificó al Parlamento, controlado por la oposición, de “guarida de criminales” y “fuerzas antiestatales”.

El decreto de Yoon, el primero de este tipo en más de 40 años en Corea del Sur, sacó tropas armadas a las calles de Seúl para rodear la asamblea y entrar en las oficinas electorales. Ello evocó traumáticos recuerdos de las dictaduras de los años setenta y ochenta, cuando los gobernantes respaldados por los militares recurrían a la ley marcial y a otros decretos de emergencia para estacionar soldados y vehículos blindados en lugares públicos con el fin de reprimir las protestas prodemocráticas.

La noche en que Yoon declaró la ley marcial, miles de personas acudieron a la Asamblea Nacional para oponerse al decreto y exigir su dimisión en escenas dramáticas. Un número suficiente de legisladores, incluidos incluso los del partido gobernante de Yoon, consiguieron entrar en una sala de la Asamblea para votar en contra del decreto.

Los observadores calificaron la acción de Yoon de suicidio político. El Parlamento le impugnó y remitió el caso al Tribunal Constitucional, que dictaminó su destitución como presidente.

Fue una caída espectacular para Yoon, un ex fiscal estrella que ganó la presidencia de Corea del Sur en 2022, un año después de entrar en política.

Lee Jae Myung, ex líder del Partido Demócrata que encabezó la petición de destitución de Yoon, se convirtió en presidente al ganar unas elecciones anticipadas el pasado junio. Tras su toma de posesión, Lee nombró a tres asesores independientes para investigar las acusaciones contra Yoon, su esposa y sus socios.

Se había especulado con la posibilidad de que Yoon recurriera a la ley marcial para proteger a su esposa, Kim Keon Hee, de posibles investigaciones por corrupción. Pero al concluir el mes pasado una investigación de seis meses, el equipo del abogado independiente Cho concluyó que Yoon planeó durante más de un año imponer la ley marcial para eliminar a sus rivales políticos y monopolizar el poder.

El decreto de Yoon y el consiguiente vacío de poder sumieron a Corea del Sur en la confusión política, paralizaron la diplomacia de alto nivel del país y sacudieron sus mercados financieros.