Santo Domingo - Un tribunal dominicano impuso la madrugada de este jueves dejó salir bajo fianza a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril, lo que causó la muerte a 236 personas y dejó más de 180 heridas.

La decisión de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional se produjo cerca de las 2:00 de la madrugada, tras una audiencia que se extendió por más de doce horas.

El tribunal ordenó para ambos la aplicación de una fianza de $8,300. También les prohibieron salir del país y les ordenaron presentación periódica ante la Fiscalía de la capital.

El Ministerio Público los acusa de homicidio involuntario y había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat, propietario principal del local siniestrado, como medida de coerción, y arresto domiciliario para su hermana.

Por su parte, el procurador adjunto Wilson Camacho anunció en un comunicado de prensa que el Ministerio Público apelará la orden de libertad bajo fianza.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional

El equipo del Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba con las que sustentaron la solicitud de prisión preventiva contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra su hermana Maribel Espaillat.

“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.

Sostuvo que el tribunal reconoció también la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al caso, al tratar los hechos con un código penal del siglo XIX que “no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimiento, que, realmente, encaja en lo que se conoce como culpa consciente”.

Decenas de querellas han sido presentadas por los familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes de la tragedia ocurrida cuando centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, uno de los fallecidos.

El desplome del techo causó también la muerte del exlanzador de las Grandes Ligas, Octavio Dotel, del diseñador Robert Polanco y de decenas de personas de prácticamente todas las clases sociales del país, pues la discoteca era un referente en la presentación de figuras de merengue, salsa, bachata y música urbana.

El Ministerio Público ha concluido que la edificación presentaba daños estructurales y que fue sometida a remodelaciones irregulares, por lo que hace responsables de esto a los hermanos Espaillat.

Asimismo, determinó que el techo de la discoteca presentaba una carga “excesiva” y que a Antonio Espaillat se le informó de los problemas que este tenía un día antes de la tragedia, ante la caída de restos del techo.

Además, “cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua”, dijo la Fiscalía.