El presidente de la Comisión de Gobierno lo considera necesario en algunas profesiones. ( (semisquare-x3)
El presidente de la Comisión de Gobierno lo considera necesario en algunas profesiones. (GFR Media)

La derogación compulsoria de la colegiación de 28 profesiones, propuesta que se analiza en una serie de proyectos radicados por el representante José Aponte Hernández, implicaría un costo adicional del Estado de $14 millones, según denunció esta mañana la presidenta del Colegio de Agrónomos, Aida Maldonado Quiñones.

Maldonado Quiñones, al deponer en una vista pública ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, aseguró que si el Departamento de Estado incurriera en los servicios que el colegio les brinda a sus casi 800 socios, le costaría a la agencia entre $450,000 y $500,000 anuales.

En la vista de hoy depuso representación de los agrónomos, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (AAPPR).

La medida legislativa busca los servicios de facilitar cursos de educación continua, fiscalizar la profesión y colaborar como peritos del gobierno son los que recaigan en las Juntas Examinadoras del Departamentode Estado.

De hecho, la presidenta del Colegio de Agrónomos explicó que tomando como base el costo incurrido por el Colegio de Agrónomos, sufragado por las cuotas, Maldonado Quiñones lo extrapoló a los demás colegios para llegar al cálculo de $14 millones.

“Un número bastante significativo considerando las prioridades trazadas por el Gobierno”, dijo.

El Departamento de Estado en una vista pasada consignó en una ponencia de dos páginas que favorece la eliminación de la colegiación compulsoria de profesiones como ingenieros, agrimensores, tecnólogos médicos, arquitectos y arquitectos paisajistas, pero advirtió que necesitaría una inyección considerable de capital para brindar los servicios que ahora dan los colegios sin un centavo de erogación de fondos públicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro, reconoció que le habían “dado luz” en cuanto a los roles de las tres organizaciones después de leídas las ponencias por sus respectivos presidentes, en que repasaron la importancia de la colegiación compulsoria y destacaron los servicios que brindan a los colegiados y a la ciudadanía,

“Entendía que estaban allí para que fuera compulsoria (la colegiación), pagar una cuota y hacer reuniones, pero en las ponencias que han sometido me han dado luz sobre el trabajo que hacen y cuál es su función. Puedo deducir que son un brazo del gobierno por los servicios que presentan”, dijo Navarro, quien solicitó que se le envíe una carta a la Junta de Supervisión Fiscal para que expresen su opinión sobre las medidas luego de que Diana Luna Serbiá, presidenta del CAAPPR advirtiera que dejar en manos del gobierno los servicios que brindan los colegios pudiera tener un impacto fiscal que sería objetado por el ente fiscal.

Navarro le cuestionó a Luna Serbiá, a Pablo Vázquez, presidente del CIAPR y a Maldonado, sobre si entendían que eliminar la colegiación compulsoria abriría las puertas a la “competencia”, refiriéndose a cómo otras organizaciones entrarían a estos campos profesionales a tratar de atraer miembros.

“La competencia en un mercado como indica se establece entre empresas privadas con un fine pecuniario, lucrativo. Nuestro colegio no tiene una finalidad económica y reunir capital, es una entidad cuasi pública para dar servicios al colegiado y al Estado. Nos ha tomado 80 años… no vemos la necesidad de establecer organizaciones paralelas que realicen lo mismo que nosotros”, le contestó Vázquez.

“¿Para qué crear duplicidad cuando llevamos 78 años dando servicio?” cuestionó a modo de respuesta Maldonado.

Vázquez reconoció, a preguntas, que sí existe una “fricción” entre el derecho a la libre asociación de los individuos con el concepto de la colegiación compulsoria, utilizando la palabra “fricción” entre ambos. 

“Pero es la Asamblea legislativa la que ha determinado que hay un interés apremiante de regular y limitar ese derecho en aras de un bien público. Lo que hemos dicho aquí es si es conveniente o se debe hacer, tomar esa medida a estas alturas y trastocar organizaciones que dan servicio al Estado no es un asunto de prudencia”.

Al asumir su turno de preguntas, Aponte Hernández afirmó que su “punto de partida” al radicar las medidas es el “aspecto constitucional de la libre asociación”. Dijo que concurría con el contenido de las ponencias de las tres organizaciones, pero acto seguido recordó que realizan funciones delegadas por el Estado, así ocupando ese campo.

 “Estamos discutiendo o evaluando qué es lo que más le conviene al Estado desde el punto de vista de garantizar un derecho constitucional y el servicio público”, dijo el expresidente de la Cámara de Representantes.

Navarro reiteró en su postura de que los colegios, o al menos los tres que depusieron hoy, son brazos del gobierno y en que coincide que el Estado no tiene la capacidad económica para dar los servicios que brindan los colegios.

No obstante, aclaró que enero tiene separados cuatro días de vistas pública para darle tiempo a aquellos ciudadanos que se oponen a la colegiación compulsoria.

“Quiero escucharlos a todos”, dijo a El Nuevo Día.


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