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La senadora Nayda Venegas Brown ha sido evasiva durante varios días a cuestionamientos sobre el futuro de su proyecto, el P. de la S. 950. (GFR Media)

Una de las enmiendas introducidas al proyecto que regula el aborto en Puerto Rico podría significar el cierre de las puertas de cinco de las seis clínicas en el país donde se realizan estos procedimientos, advirtió esta tarde Johanna Pinette, asesora legal del Colectivo Aborto Libre Puerto Rico.

Se trata del artículo 7 del entirillado circulado entre los senadores de mayoría, en el que se dispone que todo proceso de terminación de embarazo tendrá que ser realizado por un ginecólogo obstetra. Según Pinette, sólo una de las seis clínicas de este tipo en Puerto Rico cuenta con una ginecóloga obstetra. 

"Cuando llevas el proyecto a la práctica, estarían cerrando cinco de las clínicas", advirtió en entrevista con El Nuevo Día. "Este proyecto no es necesario. El aborto está altamente regulado", insistió Pinette.

Otras dos clínicas, Womens Medical Pavillion y ProFamilia, tienen ginecólogos obstetras a tiempo parcial.

La única ginecóloga obstetra a tiempo completo, Yari Vale Moreno, advirtió que la figura del "tutor legal" en el artículo 3 de la medida abre la puerta a que se condicione el derecho al aborto de menores de edad.

La medida no será atendida en esta sesión ordinaria y se decidió devolverla a comisión.

La autora del proyecto del aborto, Nayda Venegas Brown, se limitó a decir que el proyecto había sufrido enmiendas y que quiere tener "un proyecto bonito".

"Puerto Rico está esperando hace 70 años por un proyecto como este. Queremos que sea una pieza bonita", dijo Venegas Brown.

En el proyecto se dispone que los centros de terminación de embarazos tendrán que informar "a la mujer o a su tutor legal" los derechos y responsabilidades que le asisten. Según Vale Moreno, ese lenguaje abre las puertas para que un tutor legal pueda impedir que una menor facultada para tomar decisiones propias, evite un embarazo.

Las enmiendas eliminan una serie de disposiciones incluidas en la medida que habían sido objetadas por activistas que buscan que el procedimiento sea libre y seguro, así como acorde con la jurisprudencia federal.

Por ejemplo, elimina el requisito de que 48 horas antes del aborto la mujer interesada en realizarse el procedimiento tenga que ser sometida a una evaluación inicial. Objetores de la medida habían señalado que ese periodo de espera de dos días resultaba innecesario y representaba una carga emocional adicional a la mujer.

Venegas Brown ha sido evasiva durante varios días a cuestionamientos sobre el futuro de su proyecto, el P. de la S. 950, o sobre su postura ante las enmiendas presentadas.

También elimina la disposición de que cuando se determinara que un feto es "viable", no se permitiría el aborto, a menos que el embarazo comprometiera la salud de la madre. El término viable no era definido en el proyecto. Con la eliminación del artículo, también se saca del proyecto el riesgo de tres años de cárcel que enfrentaba cualquier médico que violara el texto del mismo.

También se elimina el artículo que regulaba la entrega de medicamentos para inducir el aborto y, nuevamente, borra el término fijo carcelario de tres años al que se exponía cualquier médico que no cumpliera con el estatuto.

Igualmente elimina una multa de $5,000 diarios a que se exponía cualquier centro de terminación de embarazo que no cumpliera con exhibir un letrero en que se le recordara a la mujer que nadie la podía obligar a abortar. Con las enmiendas, sí se mandata la colocación de un letrero en que se recuerde que ninguna mujer puede ser coaccionada u obligada a continuar con un embarazo o a realizarse un aborto.

Se elimina, asimismo, del proyecto el lenguaje que prohibía los abortos en instalaciones que no fueran hospitales autorizados después de la semana 12 de gestación o antes de que "el feto haya alcanzado la viabilidad". Con esta enmienda también se elimina una multa de $10,000 a la que se exponían las clínicas que incumplieran con este artículo.

Con los cambios introducidos por asesores de la presidencia del Senado se elimina la prohibición de que se realicen abortos cuando la única razón es el género del feto o porque el feto haya sido diagnosticado con anomalías genéticas. Opositores del proyecto habían señalado que resultaba cruel proscribir la opción de abortos cuando se trataba de fetos con pocas o ninguna probabilidades de supervivencia.

Otro cambio es que elimina la prohibición de abortos después de la vigésima semana de gestación y, con las alteraciones al proyecto, se borran una serie de cortapisas introducidas para limitar los abortos en menores de edad.

Los cambios a la pieza legislativa sí clarifican ciertos elementos. Por ejemplo, todo centro de terminación de embarazos deberá notificar a la paciente que tiene la opción de retener o retirar su consentimiento al procedimiento. También le tendrán que ofrecer detalles sobre riesgos potenciales, se le detallarán los requisitos de confidencialidad y se le entregarán copia de los documentos firmados.

En la medida se busca obligar al Departamento de Salud a recopilar estadísticas de abortos realizados y a confeccionar un reglamento donde detallen los requisitos para emitir licencias a centros de terminación de embarazos y la obligación de la agencia de inspeccionar anualmente estos centros.

En cuanto a los médicos, se obliga a que todo procedimiento de aborto sea realizado por un ginecólogo obstetra autorizado por ley, a su vez asistido por personal de enfermería que cumpla con la Ley para regular la práctica de la enfermería en Puerto Rico (Ley 254-2015).

Dentro del lenguaje de las enmiendas se incluyen requisitos clínicos de los centros de terminación de embarazo y requisitos de infraestructura, como que "preferiblemente" sean de un solo nivel, que deberán tener acceso para transportar pacientes en camilla y que tendrán seguridad.

El ofrecimiento a toda paciente de observar un ultrasonido de su embarazo se mantiene con los cambios, pero se elimina el ofrecimiento y la oportunidad de realizarse una ecografía 48 horas antes de que se proceda con el aborto.

Con las enmiendas, sí se establece una multa de $10,000 aplicable a los centros de terminación de embarazo por cada violación de la propuesta ley.


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