Empleados de la AEP se manifestaron hoy previo a la sesión legislativa que evalúa la reforma educativa. (horizontal-x3)
Empleados de la AEP se manifestaron hoy previo a la sesión legislativa que evalúa la reforma educativa. (Teresa Canino )

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Guillermo Miranda, reconoció esta mañana que el proyecto de reforma educativa que podrá ser aprobado hoy en la sesión de la Cámara de Representantes no obliga a la administración de una escuela charter a admitir a la totalidad de los estudiantes de educación especial que soliciten su entrada.

“Si la escuela no es apta para estos niños se lo tienen que decir a los padres”, dijo Miranda a El Nuevo Día, cuando se le preguntó qué salvaguardas había en el proyecto para atender esa población bajo el esquema de escuelas charter.

¿Se podrá certificar una escuela charter sin que den los servicios de educación especial?, se le preguntó.

“Tienen que presentar alternativas y ser claros con los padres”, contestó.

¿Tienen que brindar el servicio de educación especial?, se le insistió.

“No necesariamente. Si no tienes las facilidades ni el personal tienes que ser claro con el padre”, contestó al insistir en que la población de estudiantes de educación especial no es uniforme y presentan diversas condiciones.

“Pero si la escuela acepta al estudiante tiene que cumplir con la ley y con el PEI (Programa Educativo Individualizado)”, dijo.

Al reunirse brevemente con los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Manuel Natal Alvelo y Rafael ‘Tatito’ Hernández frente a su oficina, Miranda indicó que los maestros que decidan trabajar en una escuela charter retendrán su permanencia por dos años y que al cabo de ese periodo podrán decidir si se mantienen trabajando con el ente privado o regresan al sistema público. Durante ese tiempo conservarán el salario y los beneficios que les garantiza el sistema privado y no podrán ganar menos de ese salario si deciden mantenerse en la escuela charter, aunque entonces tendrían que “negociar” los beneficios marginales.

Natal Alvelo describió esta propuesta como un “disparate”.

“Si abandonas tu puesto en el servicio público y entras a una empresa privada, las reglas de juego son las de la empresa privada y te aplican los años de probatoria. El decir que vas a regresar y que te van a conservar tu empleo, ¿qué empleo? Estarán cerrando escuelas”, dijo Natal Alvelo.

Miranda argumentó por separado que el maestro que pase al sistema charter podrá acogerse a un plan de retiro de 401k y que la empresa continuaría transfiriendo la aportación del maestro al pote que corresponda.

De otra parte, a juicio de los representantes Natal Alvelo y Hernández, el hecho de que se fije en un 10% el total de escuelas que pueden convertirse en planteles charter en el proyecto de reforma educativa, no impide que el sistema público desaparezca en favor de esta corriente de administración de escuelas.

Una de las enmiendas acordadas por el Senado y la Cámara al proyecto fija ese tope de 10%, lo que significa que, tras el cierre anticipado de 300 escuelas en el verano, el sistema público se quedaría con unas 800 escuelas. Así, los planteles que podrían ser convertidos en charter serían alrededor de 80, con un plan piloto de 14 arrancando en agosto, según ha dicho la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.

“La limitación es ficticia. El tope es ficticio porque si no es un tope (de estudiantes) por escuela charter, existe la posibilidad de que en ese 10% de escuelas charter esté el 25%, el 50% o el 75% del estudiantado del sistema público. No hay un límite”, dijo Natal Alvelo minutos antes participar en una reunión ejecutiva de la Comisión de Educación de la Cámara, presidida por Miranda. “Si hay 400,000 estudiantes en el sistema público, en teoría los 400,000 pueden ir a esas escuelas”.

Hernández intervino y dijo que ese 10% no significa nada en la medida en que las instalaciones de las escuelas charter pueden ser expandibles, “y traer más matrícula”, dijo.

A juicio de Natal Alvelo, la administración de una escuela charter puede verse tentada en ampliar sus instalaciones en la medida en que Educación le garantice los $6,400 por estudiante.

En cuanto a los vales educativos, la Cámara de Representante eliminó las tres escalas propuestas por el Senado y la dejó en una sola: el estudiante que cualifique para vales educativos recibirá el 65% de $6,400 para pagar la matrícula de una escuela privada.

Esta mañana, representantes de la unión de la Autoridad de Edificios Públicos denunciaron que el proyecto de reforma educativa deja en el limbo el rol de la corporación pública en la administración de todas las escuelas, sean charter o no. Al respecto. Miranda insistió en que la entidad privada que quiera administrar una escuela tendrá que “negociar” la renta, ya sea con el DE o con la AEP.


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