Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

El gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada Jenniffer González y el exgobernante Aníbal Acevedo Vilá se reunieron con la líder demócrata de la Cámara federal  Nancy Pelosi, entre otros congresistas. (horizontal-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada Jenniffer González y el exgobernante Aníbal Acevedo Vilá se reunieron con la líder demócrata de la Cámara federal Nancy Pelosi, entre otros congresistas. (GFR Media) (José Luis Magana / Especial para GFR Media)

Washington.- El más alto nivel del liderato de la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca alternativas para atender a corto plazo el hueco de $1,200 millones que dejaría en Puerto Rico el fin de los fondos de la ley Obamacare en abril próximo.

La confirmación de que el asunto está  visible en el radar del speaker Paul Ryan y de la líder de la minoría de la Cámara baja federal, Nancy Pelosi, sembró optimismo en el liderato del gobierno y la coalición Frente por Puerto Rico, que encabezó ayer nuevas reuniones a favor de que el Congreso vuelva a poner atención sobre las penurias económica de la isla.

“Nuestro pedido es claro. Permitan que Puerto Rico crezca”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló, en una entrevista con El Nuevo Día al terminar una jornada de reuniones que incluyó a Pelosi, al número dos de la mayoría en la Cámara baja, Kevin McCarthy, y a funcionarios del Comité de Finanzas del Senado federal.

Rosselló fue a la reunión con Pelosi junto a componentes claves de la coalición que creó, bajo el nombre Frente por Puerto Rico, para reclamar un trato justo o igual en fondos de salud; incentivar la inversión en la isla por medio de la reforma contributiva y medidas de desarrollo económico.

A Rosselló le acompañaron: la comisionada residente en Washington, Jenniffer González;  los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla; y los congresistas demócratas José Serrano y Nydia Velázquez, boricuas elegidos por Nueva York.

En las últimas horas, la comisionada González conversó con el speaker Ryan sobre el status de los reclamos para que el Congreso, ante el agotamiento de los fondos de Obamacare, eleve el techo de asignaciones permanentes de Medicaid a unos $1,600 millones.

“Está consciente de la situación de Puerto Rico”, dijo la comisionada González, al indicar que la reautorización del plan federal de salud infantil (CHIP) sigue siendo un vehículo legislativo posible para asignar los fondos que estabilicen el plan Mi Salud.

 Ante el fin de los fondos de Obamacare, Mi Salud  se encontrará, en abril de 2018, con un hueco de $369 millones para este año  fiscal,  que luego subirá a unos $1,200 millones anuales en 2018-2019.

El primer acuerdo en el liderato del Comité de Finanzas del Senado federal, por lo que conocen las autoridades de Puerto Rico y varias fuentes de El Nuevo Día no incluyó lenguaje que permita mantener el mismo nivel de asignaciones federales en Medicaid que ha tenido la isla bajo Obamacare.

Optimistas

Su presidente, el republicano Orrin Hatch (Utah), hizo claro que la medida no podrá aumentar el déficit fiscal, lo que puede hacer más difícil utilizar esa medida para elevar  el tope anual de fondos de Medicaid para la isla de unos $322 millones a  $1,600 millones.

En el caso de una nueva asignación de emergencia para atender desastres, seguramentela medida se aceptará como un nuevo gasto público necesario.

“Nancy Pelosi siempre ha estado de nuestro lado”, dijo el exgobernador Acevedo Vilá, tras el encuentro con la líder demócrata.

La congresista Velázquez y el exgobernador García Padilla también salieron optimistas de la reunión con la  exspeaker.

“Ella (Pelosi) entiende los tres temas principales y la manera en que el huracán agrava las circunstancias”, señaló García Padilla.

Aunque el Comité de Finanzas del Senado avance un proyecto de CHIP ahora, el ambiente en la Cámara baja es a favor de una extensión temporal, por lo que hay tiempo para atender el asunto antes de fin de año, acentuó la comisionada González.

Técnicamente, la ley vigente de CHIP - por la que se asignan unos $172 millones anuales de los fondos de Medicaid-, expira el 30 de septiembre.

Con respecto a que una solución al “abismo fiscal” en Medicaid haya quedado fuera del acuerdo alcanzado en el Comité de Finanzas entre el senador Hatch y el líder de la minoría en esa comisión, el demócrata Ron Wyden (Oregón), la comisionada sostuvo que le ha pedido al Frente “que se mueva al Senado, porque estoy tocando puertas en la Cámara”.

 González  reafirmó que, en los últimos días, ha tenido conversaciones directas sobre el tema con el presidente del Comité de Energía y Comercio, Greg Walden, y el presidente del subcomité de Salud en esa Comisión, Michael Burgess.

Rosselló y González - junto al representante del gobernador en Washington, Carlos Mercader-, fueron también a una reunión con el número dos de la mayoría en la Cámara baja, Kevin McCarthy. Allí hicieron énfasis en las necesidades de la isla y el apoyo del gobierno de Puerto Rico tras el paso del huracán Irma.

El gobernador sostuvo que la comisionada ha trabajado de cerca los asuntos relacionados a la asistencia federal para Puerto Rico con McCarthy.

Rosselló destacó  las tareas de recuperación que realiza su gobierno en el encuentro que tuvo en horas de la mañana con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tom Bossert, y en la conferencia de prensa que ofreció en una oficina de Honeywell colindante con el Capitolio federal.

Ante medios estadounidenses, subrayó que la responsabilidad federal sobre Puerto Rico queda incompleta si no se aprueban medidas de desarrollo económico.

“Cada día que no toman acción estamos más cerca de que el proyecto PROMESA fracase”, dijo, al indicar que están en marcha los ajustes fiscales y el proceso de la reestructuración de la deuda, pero faltan iniciativas para crecer la economía.

En ese sentido, recordó que el Congreso vivió una experiencia parecida en la década de 1990, cuando después de crear una junta de control fiscal para Washington D.C., sus miembros fueron al Congreso a advertir que faltaba incentivar la economía.

“No hay estrategias fiscales que permitan a Puerto Rico” superar la crisis, dijo, al exhortar al Congreso a implantar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico que fueron presentadas en diciembre de 2016.

El informe del Grupo de Trabajo propuso atender el llamado “abismo fiscal” de Medicaid, extender plenamente el crédito contributivo federal para niños dependientes, otorgar nuevos incentivos para las pequeñas empresas y un mejor acceso a decenas de programas federales.

Reforma contributiva

Con respecto a una posible reforma contributiva, el liderato boricua coincidió en que es importante obtener nuevos incentivos sin dañar los que ahora existen, dentro del marco tributario en el que para unas cosas Puerto Rico es una jurisdicción foránea y para otros una zona doméstica.

“Si el Congreso actúa puede ser una amenaza o una oportunidad para la manufactura (en Puerto Rico)”, dijo Acevedo Vilá, quien fue parte de las reuniones del subcomité de Asuntos Contributivos del Frente por Puerto Rico.

“Puerto Rico es considerado un ente doméstico en algunas situaciones y un ente foráneo para otras. Si la isla no es considerada dentro de la reforma contributiva federal, esto puede resultar devastador para nuestra economía. Si nos incluyen, podemos tener una reforma estructural que no le costaría un centavo a los contribuyentes en los Estados Unidos”, sostuvo, por su parte, el gobernador Rosselló.

Rosselló reafirmó en la conferencia de prensa – en la que estuvieron también Mercader, el empresario Nicholas Prouty y secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario-, que el Frente por Puerto Rico sigue comprometido con dejar fuera de las conversaciones que tienen como grupo en el Congreso el  debate  de status.  “En este esfuerzo el acuerdo es ser una sola voz”, dijo el gobernador Rosselló.

Esta semana, de hecho, la Comisión de Igualdad creada para promover la estadidad para Puerto Rico  aplazó su primera reunión en Washington, que hubiese coincidido con los tres días de cabildeo del Frente por Puerto Rico. La razón pública para cancelar la reunión del grupo estadista fueron “cambios imprevistos” en el calendario del Congreso tras el paso del huracán Irma.

¿Necesita Puerto Rico un rescate o un Plan Marshall?, le preguntó El Nuevo Día al gobernador Rosselló al terminar su jornada de reuniones en el Congreso.

“Nosotros queremos resultados más que un nombre”, respondió, al indicar que “el Grupo de Trabajo (presentó) propuestas que beneficiarán  que Puerto Rico pueda encaminarse hacia el progreso”.


💬Ver 0 comentarios