La candidata al Senado por el PPD Ada Álvarez Conde denunció que la medida atenta contra la transparencia gubernamental. (ELNUEVODIA.COM)

La candidata al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde denunció hoy la posibilidad que la Legislatura dé paso a un proyecto de ley que atenta contra la conservación de documentos públicos generados en las tres ramas del gobierno.

Rodeada por historiadores y bibliotecarios, Álvarez Conde indicó que el Proyecto del Senado 1661 -de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz- permitiría la “destrucción de evidencia” al otorgar poderes a jefes de agencia y otros funcionarios sobre el archivo o destrucción de documentos.

En particular, Álvarez Conde criticó la Sección 4 del proyecto de ley, que crea un nuevo artículo para la Ley 5 de Administración de Documentos Públicos de 1955. En el inciso (f), el nuevo Artículo 4A permitiría que los jefes de agencias o sus administradores de documentos autoricen la destrucción de “los documentos públicos conservados en archivos físicos que hayan sido producidos o reproducidos en formatos electrónicos o digitales” tres meses después de su producción o reproducción.

“Esto es una afrenta a la justicia y hago un llamado a la intervención ahora antes que sea tarde. Desde ahora vemos la intención de destruir evidencia y eso hace que los casos de corrupción se queden impunes y no paguen las consecuencias. Estamos hablando de documentos de Vivienda, donde se podría investigar (el programa de reparación) ‘Tu hogar renace’, documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Familia, de Educación donde ahora mismo hay una acusación federal, de Salud donde hubo recientemente una investigación con la compra de pruebas. Esto enfrenta hasta la libertad de prensa, porque hasta coarta los documentos que tendrían ante una petición de información. De lo que se trata es de validar la corrupción y tratar de legalizar la destrucción de evidencia”, manifestó la candidata popular, cuya tesis de doctorado fue sobre la Ley 5 de 1955.

De acuerdo con su exposición de motivos, el Proyecto del Senado 1661 busca uniformar el manejo de documentos públicos en formatos electrónicos o digitales en todo el gobierno, así como establecer reglas para su manejo.

“A pesar de que hoy la tecnología ofrece alternativas que no estaban disponibles en 1955, el uso y la acumulación masiva del papel continúan provocando que nuestro gobierno deba invertir decenas de millones de dólares anualmente en equipos, materiales y espacios de almacenamiento. Peores consecuencias se reflejan cuando sabemos que esos gastos son cada vez mayores y acumulativos. A lo anterior, se suma la subutilización del recurso humano del gobierno dedicado a tareas redundantes con papel, cuando puede ser mejor utilizado en tareas más productivas para el servicio público”, lee el proyecto de ley.

La medida legislativa fue aprobada por el Senado. Álvarez Conde indicó que este se pudiera aprobar en la Cámara de Representantes en una sesión extraordinaria.

Tras un análisis de la Comisión cameral de Gobierno, se añadió una enmienda en la exposición de motivos que aclara que el proyecto no busca “interferir con el acceso a documentos públicos, según esto ya está reconocido en nuestro estado de derecho”.

Álvarez Conde explicó que el Proyecto de Ley 1661, presentado en julio, le quita poderes al Archivo General y el Archivero General de ser un custodio oficial de los documentos gubernamentales e intervenir en la decisión final sobre la conservación de documentos físicos. Destacó que el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz, se opuso a la aprobación del proyecto.

“Esta ley se presentó sin consultar con el Archivo (General), sin consultar con su directora, ni el personal especializado del Archivo a espaldas del país, el proyecto agrede y lesiona la memoria histórica del país y el patrimonio documental del país”, expresó Álvarez Conde.