Nelson Rosario, comisionado electoral de Proyecto Dignidad.
Nelson Rosario, comisionado electoral de Proyecto Dignidad. (ELNUEVODIA.COM)

Los cuatro comisionados electorales que solicitaron que el Departamento de Justicia investigue si el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló, violentaron el Código Electoral y el Código Penal se pusieron a la disposición de los dos fiscales que investigan el caso y les anticiparon que cuentan con información adicional que, hasta el momento, no ha trascendido públicamente.

Los fiscales Gretchen Camacho Rossi y Rufino Jiménez Cardona fueron asignados para atender el referido sometido por los comisionados de Proyecto Dignidad, el Partido Popular Democrático, el Partido Indepedentista Puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana luego que entendieran que el matrimonio Rosselló mintió en la solicitud de voto ausente presentada ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y de que obtuvieran un documento que hace constar que viven en Virginia, donde el exgobernador se registró como elector apto.

“Por este medio, queremos ponernos a la entera disposición de los fiscales asignados al caso, con el propósito de ofrecer un resumen más preciso sobre las controversias en torno a la solicitud de voto ausente radicadas por ambos electores ante la CEE en el mes de marzo del año en curso. Interesamos, además, compartir otra información y evidencia que hemos recopilado y que no hemos discutido públicamente, que de seguro será de utilidad en la investigación que realizarán los distinguidos funcionarios del Departamento de Justicia”, lee la carta enviada el jueves al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Los comisionados electorales agradecen, además, a Justicia por “la celeridad con que se está atendiendo este asunto”.

Revisión judicial en camino

Entretanto, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, someterá mañana lunes ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una revisión judicial a la determinación del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, de no dar paso a las denuncias de los comisionados electorales bajo el argumento de que debían presentar una querella a través del comité evaluador sobre infracciones al ordenamiento electoral. La querella debe estar juramentada por los comisionados electorales, quienes deben tener “propio y personal conocimiento” de la denuncia que hacen, destacó Rosario.

“Eso hace imposible el trabajo del comisionado. El presidente (de la CEE) pretende que los comisionados hagan los planteamientos con propio y personal conocimiento cuando el trabajo de los comisionados, sus querellas, vienen sustentadas por investigaciones y por documentos”, explicó Rosario.

“La revisión judicial es necesaria ante la determinación del presidente (de la CEE) diciendo que a los comisionados electorales nos aplica el reglamento de querellas, aun cuando el propio reglamento dispone que no les aplica”, agregó.

La venta de la casa en Guaynabo

Rosario presentó a la CEE documentos oficiales, algunos del Registro de la Propiedad, que dan cuenta de que el matrimonio Rosselló vendió la residencia que poseía en Guaynabo en marzo del 2017. La dirección de esa casa en Guaynabo es la que aparece como domicilio electoral del matrimonio en el registro electoral de la CEE.

El Nuevo Día supo que el exgobernador hizo una transacción electoral en la CEE, para solicitar una tarjeta electoral, en junio de 2017, tres meses después de vender su casa en Guaynabo, y aun así retuvo la misma dirección.

A través de Roxanna Soto Aguilú, representante legal de Rosselló Nevares, el exgobernador acusó a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) de la CEE de ser “negligente” porque alegadamente al recibir la solicitud de voto ausente del matrimonio debió enmendar la dirección de su domicilio electoral para hacer constar que no era la casa de Guaynabo, sino la de San Juan.

Sin embargo, Rosario ripostó que eso no es correcto.

“La JAVA no tiene autoridad ni accesos en la CEE para hacer eso. Además, eso es responsabilidad del propio elector”, apuntó el comisionado electoral.

Posteriormente, a la denuncia sobre la venta de la casa del exgobernador en Guaynabo, Rosario presentó a la CEE un resumen del Departamento de Elecciones de Virginia en el que consta que Rosselló Nevares es elector apto de ese estado desde enero pasado.

La CEE aún hace gestiones para que el Departamento de Elecciones de Virginia le certifique si Rosselló Nevares, en efecto, es elector de ese estado. De ser así, ha dicho Rosado Colomer, la CEE procedería con su exclusión del registro electoral de Puerto Rico. Además, el presidente de la CEE ha aclarado que no le corresponde al ente electoral impugnar la certificación de Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad.

Los comisionados impugnan la solicitud de voto ausente del matrimonio en la que colocaron como domicilio electoral una casa que está en San Juan, pero es propiedad de su suegra. Por ende, los comisionados le imputan al exgobernador brindarle “información falsa” a la CEE en su solicitud de voto ausente, aunque contiene un juramento en el que el elector hace constar que la información provista es correcta.

Se avecina impugnación

La Ley 167-2020, que viabilizó la elección de seis cabilderos por la estadidad el pasado 16 de mayo, establece como requisito para ser cabildero certificar que se es mayor de edad, que domina los idiomas español e inglés, ser residentes de Puerto Rico o de Washington D.C. y cumplir con las disposiciones del Artículo 7.2 de la Ley 58-2020 (Código Electoral). Los comisionados electorales argumentan que Rosselló Nevares no vive en la isla desde el verano del 2019 y que vive en Virginia.

El Nuevo Día supo que se avecina una impugnación a la certificación de Rosselló Nevares en los tribunales. La CEE aún no emite la certificación del exgobernador como cabildero por la estadidad electo mediante nominación directa. Pero Rosado Colomer ya decidió que a Rosselló Nevares se le requerirán los mismos documentos que a los candidatos que aparecieron en la papeleta de la elección para que la CEE emita su certificación oficial como cabildero electo.

Para esa impugnación será crucial el documento oficial o certificación que pueda emitir el Departamento de Elecciones de Virginia.

Rosselló Nevares ha alegado, en declaraciones escritas, que aparece como elector apto del estado de Virginia porque al solicitar la licencia de conducir “se refleja mi nombre en un registro electoral”. Pero el Departamento de Vehículos de Motor de Virginia tiene una advertencia para toda persona que solicite sus servicios en la que se indica que la información que deben proveer deberá ser correcta. También permite que el solicitante declare que es ciudadano de los Estados Unidos de América y si desea o declina que su información sea suministrada automáticamente al Departamento de Elecciones de Virginia.

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