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Carlos Saavedra deberá presentar una definición de lo que es acoso laboral  y unas guías en un plazo de 15 días. (GFR Media)
Carlos Saavedra deberá presentar una definición de lo que es acoso laboral y unas guías en un plazo de 15 días. (GFR Media)

El 51.8% de los empleados en Puerto Rico ha experimentado ahora o en el pasado año acoso laboral, según se puso de relieve en la continuación de las audiencias públicas de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes que preside el representante Angel Peña Rámirez.

Así lo expresó el director ejecutivo de "The Work Place Alliance", Waldemar Serrano que, a su vez, agregó que el 67.1% de los encuestados "han sido testigos de maltrato abusivo repetido, demostrando sin duda razonable que este mal si existe y que es peor de lo que pensábamos cuando estuvimos deponiendo en la última vista, ya que estimamos entonces que la cifra de acoso laboral era de un 45%".

Durante la discusión de los Proyectos de la Cámara 243, 306 y 759, para crear la "Ley Especial Contra el Maltrato Emocional Laboral" (anti-bullying) y la "Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico" (mobbing), así como fijar la política pública del gobierno respecto a estas modalidades, Serrano Burgos, reveló que las empresas que no atienden las denuncias gastan entre 180,000 a 500,000 anuales por cada 2,000 empleados.

Dicho costo supera la implementación de cualquier ley al respecto.

Por su parte, Jackeline Rosado, del Centro Integral de la Psicología, quien es Psicóloga Clínica, Escolar y Deportiva, especialista en Acoso Escolar y laboral, indicó que según un Estudio Exploratorio del Acoso Psicológico del año 2003, las mujeres son las más afectadas con un 61% de la data recopilada en comparación con los hombres.

"En cuanto al lugar en que trabajan las víctimas, se encontró que un 52% es en el sector público, y el acoso moral proviene en un 55% de su supervisor jefe inmediato, 30% de otros supervisores, 23% de un grupo de trabajo y 20% de un compañero de trabajo", expresó.

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra, planteó que los trabajadores de Puerto Rico actualmente cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para vindicar sus derechos en cuanto a estas prácticas.

Recomendó que se aclaren las medidas para que sean implementables por el Departamento.

Igual posición asumió Alicia Lamboy Mombille, presidenta de "Voz de Acción de la Empresa Privada".

A esos efectos, Peña Ramírez le dio un plazo de 15 días al secretario para que someta a la Comisión una definición clara de lo que es acoso laboral y le presente unas guías.

El representante señaló, que tras este esfuerzo tripartito, posteriormente la Comisión y la Asamblea Legislativa adoptarán lo que será la postura final para establecer este estatuto.

"Entendemos que un proyecto final tendría el aval unánime de las tres delegaciones de Cámara y Senado y que sostendría la necesidad apremiante representativa de que este es un asunto que hay que atender con prioridad y premura. Así que una vez tengamos esas definiciones, vamos a celebrar otras vistas y vamos estar sometiendo al pleno de la Cámara la versión final sobre este asunto", expresó.

El legislador enfatizó que cree en el justo equilibrio de lo que son los intereses proteccionistas tanto a los trabajadores como a las empresas.

No obstante, destacó que el acoso laboral es un problema latente en diferentes jurisdicciones y es a nivel mundial.

Además, mencionó que "Puerto Rico sería una de las jurisdicciones vanguardistas si aprobamos un proyecto que atienda esta necesidad que es evidente. Es un asunto al que hay que darle un remedio legal laboral vanguardista".

Mientras que el representante José Meléndez, autor de una de las propuestas, expuso que la política pública institucional del gobierno se trabaja en la Asamblea Legislativa y "para nosotros es bien importante atender esta conducta.

De otra parte, la profesora Jeannette Sánchez, de la Organización ambiente Laboral Libre de Violencia, sugirió que se establezca un ente independiente tal como una Comisión de Asuntos del Trabajador para que atienda estos casos.

"Se trata de víctimas (con las que) se requiere de un equipo especial, profesional y preparado para trabajar con esta problemática laboral, además de la confidencialidad y prevención de la revictimización", manifestó.

Ello, dijo, redundará en ahorros significativos en las gestiones de proceso administrativos para la investigación de las querellas.

Waleska Torres Gutiérrez, autora del libro "Mobbing el Asesino Silencioso en el Ambiente del Trabajo", igualmente expresó que no debe ser el Departamento del Trabajo quien esté facultado para atender estos casos.