Con la expectativa de que el aún alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa renuncie, el Partido Popular Democrático (PPD) comenzó a moverse para conseguirle un sustituto y aminorar el impacto nocivo que tiene su arresto por actos de corrupción.

El secretario general del PPD, Jorge Suárez, dijo ayer que, además de relevar a Rivera Correa de todas las posiciones de liderato dentro de la Pava, nombraron a un delegado que tendrá la responsabilidad de buscar posibles líderes que sustituyan a Rivera Correa.

“Sumariamente estamos removiendo al alcalde de Río Grande de todas las posiciones. Es decir, del Comité Municipal, la Junta de Gobierno, la Asamblea General y el Consejo General del PPD. Nombramos a un delegado presidencial, Luis Daniel Rivera Filomeno, que es senador de Carolina. Él ahora mismo tiene que hacer el scouting de identificar el liderato, hacer un trabajo de campo, tener una base clara y los posibles líderes para buscar un alcalde. Estamos empezando a tener reuniones entre el delegado, este servidor y varias personas para saber el sentir de la gente y ver las figuras que puedan surgir”, explicó el también senador popular.

Reconoció que la acusación de Rivera Correa por soborno, extorsión y obstrucción a la justicia es un “duro golpe” para el PPD puesto que el alcalde era pieza angular en el distrito de Carolina.

“Lo es porque él es una figura fuerte para la colectividad en el distrito. Es un líder en el distrito de Carolina, aglutinaba a los alcaldes y políticamente uno contaba con él para saber cómo actuar políticamente en la región. Su arresto siempre tiene un impacto. El impacto inmediato ahora mismo es igual que cuando sucedió en Barceloneta lo de Sol Luis Fontanes. Logramos hacer los movimientos adecuados y prevalecimos en las elecciones del 2012”, destacó.

Agregó que además de pertenecer a la Junta de Gobierno del PPD, que es el organismo rector de la colectividad, Rivera Correa “convirtió a Río Grande en un punto de interés turístico, ayudó al desarrollo en la zona, mantenía muchos negocios y pequeñas empresas en el pueblo”. Además, hasta este año el municipio de Río Grande fue uno de los pocos pueblos que retuvo su Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

Precisó que Rivera Correa tiene dos opciones para dejar vacante la posición: renuncia o la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) lo destituye. Recordó que en el caso de corrupción que afrontó Fontanes -también por corrupción- este optó por dejar el cargo. Se mostró confiado en que el alcalde de Río Grande haga lo mismo.

“Si eventualmente él renuncia o llega la destitución por el FEI, como lo dicta la ley, pues entonces tenemos que comenzar el proceso. La legislatura Municipal tiene 15 días para nombrar a un sustituto. Si eso no pasa, el PPD nombra un mecanismo alterno para escoger un alcalde”, explicó.

La presidenta del FEI, Nydia Cotto Vives, informó ayer que el grupo que constituye el panel determinó referir al alcalde de Río Grande  a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, antes conocida como Comisión para Ventilar Querellas Municipales. Esa unidad tomará una decisión con el alcalde.

Suárez dijo que no ha tenido comunicación con los familiares del alcalde, pero reconoció que los empleados en el municipio están impactados.

“Pero el PPD no puede detenerse. Tiene que mantener su maquinaria y estamos haciendo acciones inmediatas para que eso ocurra”, sentenció.