Mientras el Partido Popular Democrático (PPD) se comprometió hoy, sábado, a estar atento al desarrollo de una investigación del Departamento de Justicia en el Municipio de Ponce, otras figuras y conocedores de la política puertorriqueña pidieron que el proceso que involucra al alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón sea uno imparcial.

“Por encomienda del presidente del PPD (José Luis Dalmau Santiago), estamos atentos y prestos a actuar sobre la información de una investigación en curso de asuntos en el Municipio de Ponce. El pueblo puede tener certeza de que el PPD atenderá esto con plena y total lealtad a nuestros principios, valores y reglamento”, expresó en declaraciones escritas el secretario general de la Pava, Luis Vega Ramos.

El Nuevo Día reveló el viernes que Justicia investiga al alcalde de Ponce por presuntamente haber obligado a empleados municipales a pagar un préstamo personal de $50,000 que tomó para costear parte de su campaña política y que supuestamente no registró ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

En octubre, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Justicia visitaron la alcaldía de Ponce para entregar citaciones y requerimientos de información a varios funcionarios que participaron en la campaña del alcalde. Según las fuentes, en algún momento se les llegó a pedir aportaciones al pago del préstamo hasta a 20 empleados municipales.

“Todo acto ilícito en la función pública es aborrecible para el PPD. Pero, igual creemos que a quien se le imputa algo debe tener oportunidad de defenderse. Seguiremos de cerca el proceso y estamos listos para actuar siempre al lado de la verdad y la justicia”, agregó Vega Ramos.

Pide pesquisa imparcial

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes –que agrupa a los ejecutivos municipales del PPD–, Luis Javier Hernández, detalló que conversó con Irizarry Pabón esta mañana. “Quería saber su posición. Él está tranquilo, obviamente sabe que hay una investigación del Departamento de Justicia en curso”.

“De parte del Departamento de Justicia, espero que sea una investigación imparcial, no con índole político partidista, porque en las pasadas semanas hemos visto muchas decisiones que dan mucho de qué hablar”, dijo el también alcalde de Villalba. “En lo que respecta a él (Irizarry Pabón), le recomendé que hiciera expresiones cuanto antes para de alguna forma tranquilizar a su pueblo”.

Hernández, quien indicó que no ha tenido comunicación con otros líderes de su partido para discutir el tema, reiteró que –al momento– no hay ningún tipo de acusación contra el alcalde ponceño, por lo que rechazó contestar si la pesquisa podría agravar la desconfianza del pueblo en los principales partidos políticos.

“Sí te puedo decir que no se puede generalizar lo que está ocurriendo en el país. En el caso de Ponce, lo que hay es una investigación. Obviamente, eso no quita que desde la Asociación de Alcaldes siempre proponemos que las cosas se hagan bien, y siempre defiendo a los alcaldes que hacen las cosas bien. Mi postura siempre ha sido que los buenos somos muchos más”, abundó Hernández.

La directora de Prensa y Comunicaciones de Ponce, Olga Vélez, reafirmó hoy que el alcalde no realizaría expresiones sobre el tema.

En tanto, el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, no estuvo disponible para atender a este diario. En declaraciones escritas, indicó: “Los procesos de investigación de la Oficina del Contralor Electoral, como los de cualquier otra oficina fiscalizadora, son de carácter privado y confidencial, y se ofrecen los detalles al finalizar el proceso”.

La credibilidad de Justicia

Para el exsenador popular Eudaldo Báez Galib, en la isla hay una crisis de credibilidad en torno a la justicia en general, por lo que considera “vital” que la agencia que lidera Domingo Emanuelli Hernández “trate de redimirse ante la opinión pública. Y creo que no importa de qué partido sea la persona investigada, por supuesto. Un requisito básico y elemental es que de verdad haya fundamentos para investigar, que no sea una investigación de índole política”.

En semanas recientes, tanto Justicia como el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) han determinado desistir o archivar una serie de denuncias de alto perfil, provocando cuestionamientos sobre los procesos investigativos. Una de las instancias más criticadas fue la decisión de Justicia de no asignar un PFEI contra varios funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista (PNP) –entre ellos el alcalde de San Juan, Miguel Romero– por sus vínculos con la empresa JR Asphalt.

Por otro lado, el también abogado opinó vía telefónica que no es el momento para que el PPD tome algún tipo de acción administrativa ante las denuncias contra Irizarry Pabón.

“Todos los partidos tienen una obligación primaria (de) respetar el derecho a que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tú no puedes castigar administrativamente a alguien sin saber si es culpable o no, todos los partidos deben esperar hasta que haya un primer movimiento de Justicia. Si hay una acusación, entonces los partidos tienen en sus manos un primer elemento para tomar algún tipo de acción”, precisó.