La Comisión de Ética del Senado informó esta tarde que asumió jurisdicción sobre tres querellas sometidas en contra del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Antonio Soto, con lo que comienza el proceso del descubrimiento de pruebas en el caso.    
    
Este proceso podría extenderse por hasta 60 días laborales a partir de hoy.   
    
La decisión del foro fue de forma unánime, 3-0.   
    
La senadora PNP Itzamar Pena, quien es también miembro de la comisión, no pudo asistir a la reunión por que se encontraba enferma, mientras que el senador Ángel Martínez se excusó por encontrarse sustituyendo al presidente del Senado.   
    
Al cónclave asistieron el presidente de la Comisión, el senador Carlos J. Torres, el senador Larry Seilhamer y el senador y portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el foro, Jorge Suárez.   
    
“Existe causa y jurisdicción sobre las tres querellas antiéticas radicadas contra el senador Soto. Esta comisión votó de forma unánime que debemos comenzar el proceso de descubrimiento de pruebas inmediatamente”, indicó Torres durante una conferencia de prensa celebrada en su oficina.   
    
La comisión tenía 30 días a partir de hoy para decidir si asumía jurisdicción y encontraba causa en las tres querellas ante Soto, pero según su presidente, la misma decidieron reunirse hoy para agilizar el proceso.   
    
La próxima vista ejecutiva de la comisión está pautada para el miércoles 6 de julio en las oficinas de Torres ubicadas en el edificio Luis A. Ferrer.   
    
Soto enfrenta tres querellas referente a varias irregularidades, incluyendo el uso de un costoso automóvil modelo Bentley valorado en sobre 80,000 dólares.   
    
Soto informó que el auto había sido dado a él como un donativo de carácter anónimo, lo que provocó que el presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, sometiera un referido a la comisión.   
    
Ese referido fue seguido por tres querellas formales, una sometida por el secretario general del PNP, Héctor Morales, otra por el senador del Partido Popular Democrático (PPD) Cirilo Tirado y otra por el aspirante al escaño de Soto por el PPD en Guayama, Luis G. Febus.   
    
“Ya hemos notificado a la representación legal del senador Soto sobre nuestra decisión y estaremos listos para rendir el informe luego del período establecido”, añadió Torres.   
    
La comisión planifica hacer vistas ejecutivas para citar testigos y descubrir evidencia, al igual que realizar reuniones ejecutivas para discutir asuntos internos.   
    
El senador investigado podrá asistir a las vistas ejecutivas y tendrá la habilidad de cuestionar a testigos traídos por la comisión así como presentar sus propios testigos.   
    
Soto, por su parte, tomó la noticia de que la comisión asumió jurisdicción y encontró causa en su contra, de forma estoica.   
    
“Eso se esperaba llegar. Yo confío en la grandeza de los miembros de la comisión y su gran capacidad intelectual”, indicó Soto a la agencia Inter News Service (INS).   
    
El senador por el distrito se Guayama confirmó que de el resultado de la investigación reflejar una recomendación de expulsión, estaría listo para acatarla.   
    
“La orden que emita la comisión será acatada por este servidor, no importa lo que sea que determinen”, aseguró Soto.   
    
Soto es representado por tres abogados, pero la comisión solo tiene en su récord el nombre de Rafael Fernández Brito.   
    
Según el senador, los otros dos abogados todavía no han accedido a que este notifique sus nombres.   
    
Indicó también que no planifica renunciar a su escaño ni a la presidencia de la Comisión de Cooperativismo del Senado argumentando que “de algo tengo que comer”.