El representante penepé Guillermo Miranda le dejó entender a Ivette Sierra Vivas, su exempleada y querellante en el caso ético en su contra que le había dado total autoridad al director de la oficina legislativa para presuntamente despedirla por alegadamente negarse a pagar $40 para la compra de dos libretas de una supuesta rifa, como parte de un esfuerzo de recaudación de fondos para la candidatura a la reelección del legislador por el Distrito 12.