Washington— Varias de las principales organizaciones del país, de tendencia izquierdista, dedicadas a la participación electoral y a la justicia racial, se enfrentan a graves déficits de financiación y recortes de personal justo cuando comienza la votación en unas elecciones que determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Los déficits hacen saltar las alarmas entre los estrategas demócratas, que apuestan por una alta participación y por sólidos esfuerzos para proteger el voto con el fin de aumentar las posibilidades del partido este otoño. Les preocupa que muchos grupos de base no puedan llevar a cabo campañas eficaces de inscripción y movilización de votantes, y mucho menos protegerse ante la posibilidad de una injerencia electoral por parte del Gobierno republicano.

America Votes, un centro de coordinación para más de 400 grupos progresistas, se ha quedado “muy por debajo” del nivel de financiación que tuvo durante las elecciones de mitad de legislatura de 2022, según señaló en un comunicado a The Associated Press Daria Dawson, directora ejecutiva de la organización. America Votes ha actuado como centro neurálgico de los esfuerzos de movilización de votantes de grupos como la NAACP, Planned Parenthood, la League of Conservation Voters y los sindicatos AFL-CIO y SEIU, así como de grupos locales centrados en la justicia racial, el clima y las libertades civiles.

“Todavía hay tiempo para llegar a los votantes e incorporarlos a estas elecciones, pero ya no hablamos de una oportunidad futura”, afirmó Dawson. “La ventana para involucrarlos está abierta ahora, y se va cerrando cada día”.

Los donantes acaudalados y las organizaciones filantrópicas han reducido su apoyo a muchas causas liberales desde las elecciones presidenciales de 2024. Esa reducción ha sido especialmente notable en el caso de las organizaciones de promoción del voto destinadas a fomentar la participación de las comunidades de color.

Aunque varios organizadores señalaron que algunos financiadores habían mostrado interés en adoptar estrategias diferentes, los defensores de la justicia racial lo han considerado una traición.

“La disminución del apoyo de los donantes está «limitando nuestra capacidad para animar a nuestras comunidades a votar en un año en el que no existe la Ley del Derecho al Voto", afirmó Esosa Osa, veterana estratega demócrata y fundadora de Onyx Impact, un grupo de investigación dedicado a combatir la desinformación en las comunidades negras.

Este año, el Tribunal Supremo anuló uno de los últimos pilares que quedaban de esa histórica ley de 1965, dejándola prácticamente sin efecto.

“Estamos ante una rendición, no ante una estrategia”, afirmó Osa.

En un memorándum publicado en julio y que circuló entre importantes recaudadores de fondos demócratas se advierte que “las organizaciones que registraron y animaron a millones de votantes a participar en las elecciones de mitad de legislatura de 2018 y 2022 cuentan con una financiación drásticamente insuficiente. Han recaudado casi un 40% menos de lo que tenían en estas mismas fechas en aquellos ciclos”.

También advirtió que financiar a los grupos de movilización de votantes era especialmente importante “dado que el Partido Demócrata obtiene peores resultados en las encuestas de intención de voto en comparación con los datos históricos y con los índices de aprobación del presidente».

Los déficits han llevado a las organizaciones dedicadas a involucrar y movilizar a grupos clave de votantes a reducir sus operaciones y su plantilla durante el último año. Esto ha afectado, entre otros, a los programas destinados a inscribir y movilizar a los votantes con menor propensión a participar, a los votantes pertenecientes a minorías étnicas, así como a los votantes rurales y jóvenes.

El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), que se ha enfrentado a sus propios retos de financiación, ha reforzado este año las iniciativas de participación electoral, en parte como respuesta a las deficiencias que ha presentado el ecosistema en el pasado. El organismo indicó en un comunicado que estaba realizando “inversiones históricas” en su organización, pero no abordó las debilidades existentes entre los grupos aliados.

“Estamos ampliando nuestra infraestructura de protección del voto para defender el sagrado derecho de los estadounidenses a votar, exigir que Trump y los republicanos rindan cuentas ante los tribunales, y registrar y movilizar a los votantes en todo el país”, declaró Angelo Fernández Hernández, portavoz del DNC.

Las razones de esta problemática situación de financiación son diversas y, en ocasiones, poco claras, según casi dos docenas de recaudadores de fondos y organizadores que hablaron con la AP. Algunos donantes, aún decepcionados con el Partido Demócrata y algunos de sus aliados tras las elecciones presidenciales de 2024, han cerrado por completo sus carteras a las causas liberales.

Aunque un pequeño grupo de megadonantes liberales ha seguido financiando causas progresistas, la mayoría centra su apoyo en organizaciones jurídicas liberales que han llevado al Gobierno de Trump ante los tribunales, en lugar de en grupos políticos o de participación electoral.

Otros, entre ellos importantes instituciones filantrópicas, se han echado atrás por temor a represalias, ante la posibilidad de que donar a causas políticas o de justicia racial provoque la ira del Gobierno. Los organizadores que se han puesto en contacto con posibles donantes señalaron que los ataques del Gobierno contra los opositores políticos y las iniciativas en favor de la diversidad parecen haber frenado la recaudación de fondos para sus causas.

Tameka Ramsey-Brown, directora fundadora de la Coalición de Míchigan para la Participación Cívica Negra, afirmó que, desde las elecciones de 2024, varios donantes le habían preguntado si su organización podía eliminar la palabra «Black» de su nombre o buscar vías de financiación alternativas para ocultar el origen de las donaciones, por temor a represalias por parte del Gobierno.

“El mero hecho de ser negro en este país ha vuelto a convertirse en algo negativo, y eso ha hecho que resulte mucho más difícil recaudar fondos, porque los financiadores no quieren la presión y el estrés adicionales ni que se les ataque por financiarnos”, afirmó.

Muchas de las organizaciones sin ánimo de lucro que tradicionalmente se han dedicado al censo electoral, a la educación de los votantes y a la organización afirman que están tratando de adaptarse a su nueva realidad, más austera.

“Vamos a Votar”, una iniciativa de las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles y de defensa centradas en las comunidades latinas, se ha visto obligada a rebajar sus objetivos este año debido a la falta de inversión por parte de los financiadores.

“Esto se perfila como un ciclo en el que las inversiones no han llegado a las comunidades negras y morenas que, en última instancia, decidirán estas elecciones”, afirmó Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), miembro de la iniciativa.

En una presentación realizada en septiembre y distribuida entre los donantes, la coalición indicó que tenía previsto invertir $27.5 millones en iniciativas de participación y persuasión de los votantes este año, pero que aún necesitaba $5.4 millones de los donantes para financiar iniciativas de participación electoral en 10 estados y 17 distritos de la Cámara de Representantes. Incluso esa inversión reflejaba unas ambiciones menores con respecto a las presentaciones anteriores a los donantes realizadas a principios de este año.

“Ha sido muy decepcionante ver que los donantes progresistas no están a la altura de las circunstancias”, señaló Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo de Mi Familia Vota, una de las organizaciones afiliadas. “No nos quedamos de brazos cruzados. Siempre estamos en primera línea en defensa de nuestra democracia y nuestras comunidades”.

Para contrarrestar los recortes presupuestarios, algunos grupos han comenzado a recurrir en mayor medida a la inteligencia artificial para ofrecer guías sobre el registro de votantes, compartir información en varios idiomas y detectar posibles problemas electorales. Algunas organizaciones han reforzado su colaboración con empresas de transporte a través de aplicaciones para ofrecer traslados gratuitos a los colegios electorales en lugar de utilizar el transporte público.

Al haber menos organizadores presenciales, algunos grupos también se centran en las redes sociales y colaboran con creadores de contenido de ideas liberales para difundir sus mensajes.

“En mis más de 30 años de experiencia en el ámbito de la organización, nunca había sido tan difícil recaudar fondos para apoyar causas negras de cualquier tipo”, afirmó Melanie Campbell, presidenta y directora ejecutiva de la National Coalition on Black Civic Participation, una organización no partidista dedicada a los derechos civiles. “Vamos a hacer el trabajo, nuestras filiales estatales están haciendo todo lo posible... Pero la realidad es que quienes creen que la democracia importa deberían asegurarse de financiar esta labor”.