El gobierno de Puerto Rico prácticamente abandonó ya sus planes de llevar al mercado la emisión de bonos por cerca de $3,000 millones que sería respaldada por el controvertido impuesto a los derivados del petróleo, la llamada “crudita”, y ahora evalúa la posibilidad de utilizar ese mismo tributo para garantizar el financiamiento a corto plazo que necesita urgentemente para mantener sus operaciones durante estos primeros meses del año fiscal.