Es posible que la decisión del Tribunal Supremo de conceder una autorización preliminar a la orden del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo no suponga ningún cambio en el procedimiento electoral de cara a las elecciones de medio término de noviembre, pero ya ha sembrado la incertidumbre en torno al método que utiliza casi un tercio del país para votar.

En lugar de afirmar que la orden de Trump es legal, el Tribunal Supremo declaró el lunes que era demasiado pronto para que los estados gobernados por los demócratas la impugnaran en junio, cuando lograron que un juez federal de Boston suspendiera la orden de cara a las elecciones de noviembre. Esto reanuda, de hecho, la batalla legal en torno a la orden en un plazo increíblemente ajustado, ya que está previsto que las papeletas iniciales se envíen a los votantes de Carolina del Norte que residen en el extranjero y a los militares en poco más de una semana, el 4 de septiembre.

Sigue vigente una segunda orden judicial que impide al Servicio Postal de Estados Unidos introducir cambios para cumplir con la directiva de Trump. No obstante, el Gobierno presentó el lunes por la noche una moción en la que solicita que se levante esta segunda suspensión, y ha publicado nuevas normas del Servicio Postal que entrarían en vigor el martes si se despeja por completo el camino legal.

Esa nueva norma exige un formato específico para los sobres que contienen las papeletas de voto por correo, lo que podría obligar a algunas jurisdicciones a revisar por completo los suyos, y obliga a los estados a utilizar un sistema electrónico para identificar ante el Servicio Postal quién vota por correo. Si los estados no cumplen con la norma, sus papeletas de voto por correo no se enviarán. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Indira Talwani dictaminó el martes que la Administración había infringido su orden judicial que prohibía trabajar en la directiva de Trump al formular la norma, pero se negó a sancionarla mientras consideraba la posibilidad de levantar por completo su suspensión.

La perspectiva de una reforma tan radical en tan solo unos días dejó atónitos a los críticos. En su voto particular discrepante, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió de que la decisión “introduce innecesariamente caos e incertidumbre en las próximas elecciones de medio término”.

David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, se mostró de acuerdo y afirmó que la mayoría “parecía haber provocado un caos total en el período previo a las elecciones de medio término” y que sería “imposible” que los estados cumplieran con las nuevas normas a estas alturas.

Jesse Salinas, secretario electoral del condado de Yolo, en California, y presidente de la asociación de funcionarios electorales de ese estado, señaló que en su estado las papeletas comenzarán a enviarse dentro de 11 días y que su condado ya ha impreso los sobres.

“Si te fijas en el calendario, resulta un poco caótico”, dijo Salinas, señalando que no sabe con exactitud qué diseños de sobres cumplen con la nueva normativa.

Descartó la posibilidad de una revisión de última hora de los procedimientos. “No veo que haya capacidad para hacerlo”, afirmó Salinas.

Tammy Patrick, directora de programas del Elections Center, una asociación que agrupa a 2,500 funcionarios electorales, advirtió de que es imposible que ningún estado cumpla con la normativa y que nadie con quien haya hablado lo haya intentado.

“No hay ni un solo estado que celebre sus elecciones tal y como establece esta norma sobre el voto por correo”, afirmó Patrick en una entrevista. “Se ha dado por sentado que esto no va a suceder porque no podría llevarse a cabo tal y como está previsto, ya que nadie lo hace de esta manera”.

Cisco Aguilar, secretario de Estado demócrata de Nevada, donde todos los votantes inscritos reciben una papeleta por correo, señaló que Correos ya había entregado por error tres docenas de papeletas de las primarias de junio de su estado.

“¿Van a venir en un plazo de siete días y crear una base de datos enorme con una precisión del 100 %?”, preguntó Aguilar, incrédulo. “Es imposible poner en marcha este sistema en ese plazo”.

Trump lleva mucho tiempo intentando que votar por correo resulte prácticamente imposible, aunque él mismo ha votado por correo en numerosas ocasiones.

Trump atribuyó erróneamente su derrota de 2020 al voto por correo y urdió extravagantes teorías conspirativas que ha intentado demostrar desde que dejó el cargo. El año pasado, los jueces le impidieron establecer nuevas restricciones al voto mediante un decreto presidencial, y solo dictó su último decreto después de que su proyecto de ley para reformar los procedimientos electorales se estancara en el Senado ante la oposición demócrata.

La Comisión de Asistencia Electoral constató que el 29 % de los votantes en 2024 emitieron su voto por correo. Los demócratas son más propensos a recurrir al voto por correo que los republicanos, lo que refleja cómo se ha polarizado el proceso desde que Trump comenzó a atacarlo en 2020. Aun así, hasta la fecha el presidente no ha podido llevar a cabo los cambios radicales que pretendía, ya que la Constitución otorga el control de las normas electorales a los estados y, en las elecciones federales, al Congreso, y no al presidente.

Los expertos jurídicos han subrayado que, por ello, consideran poco probable que la orden de Trump llegue a aplicarse realmente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo, en su auto sin firmar, no solo señaló que aún no se ha determinado si la medida es constitucional, sino que todas las victorias que ha obtenido el Gobierno hasta ahora se han debido únicamente a que se ha argumentado que es prematuro hablar de su constitucionalidad.

Los opositores ya están barajando la posibilidad de presentar nuevas demandas desde que se publicó el reglamento definitivo el viernes por la noche. El martes, los demócratas solicitaron a un tribunal de Washington D. C. que reconsiderara su petición de suspender la orden ahora que el reglamento ya se ha publicado; el tribunal había desestimado su petición en junio por considerarla prematura.

Becker, un antiguo abogado del Departamento de Justicia que coescribió un libro en el que desmontaba las mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020, añadió que espera que la próxima ronda de litigios impida que la orden se aplique en noviembre. Rick Hasen, profesor de Derecho de la UCLA, declaró tras la sentencia: “Esto no significa necesariamente nada de cara a noviembre”.

Derek Muller, profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame, afirmó que el Tribunal Supremo seguía garantizando una reñida batalla judicial en los próximos días.

“Esto coloca a los tribunales en una situación muy delicada, porque, pase lo que pase, estamos muy cerca de las elecciones”, afirmó Muller. “Si lo permite, provoca un gran revuelo en los estados. Si lo suspende, enfada visiblemente al Gobierno”.

Hasen afirmó que resulta inconcebible que la normativa afecte a los votantes en noviembre.

“Hay razones tanto jurídicas como prácticas que hacen que esto sea prácticamente imposible de aplicar”, afirmó en referencia a la orden de Trump sobre el voto por correo.

Las elecciones las organizan funcionarios locales en miles de oficinas repartidas por todo el territorio, muchas de las cuales ni siquiera cuentan con un empleado a tiempo completo. Patrick afirmó que quienes trabajan sobre el terreno se han quedado desconcertados.