Al conocerse que el gobierno de Puerto Rico entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) los datos de 6,321 inmigrantes con licencias de conducir provisionales, líderes de la oposición acusaron este jueves a la gobernadora Jenniffer González de mentirle al país al decir que “estaban obligados a cumplir” porque se trataba de un requerimiento judicial y estaban en riesgo fondos federales.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, fue uno de los primeros en reaccionar, al recordar que, el 26 de junio de 2025, envió una carta, junto a 28 congresistas, para exigir respuestas al gobierno de Puerto Rico sobre la entrega de esos datos y las aparentes contradicciones con las expresiones del gobierno federal.

“Los documentos divulgados hoy (jueves) contradicen su afirmación (del gobierno) de que estaban obligados a entregar esa información. La gobernadora y el secretario de DTOP (Edwin González Montalvo) le mintieron al país y tienen que asumir responsabilidad. Nuestros inmigrantes merecen justicia y Puerto Rico merece la verdad”, afirmó Hernández, también presidente del Partido Popular Democrático, en declaraciones escritas.

Las expresiones surgieron luego que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico lograra –mediante un pleito en corte– que el DTOP entregara el miércoles el supuesto subpoena o requerimiento judicial que recibieron para que suministraran una lista con datos personales de inmigrantes. Después que un tercer panel de jueces del Tribunal Supremo confirmara al Tribunal de Primera Instancia validando el derecho de acceso a la información, la agencia tuvo que hacer públicos los documentos.

La ACLU precisó este jueves que la respuesta del DTOP -en tan solo tres días- fue a raíz de un requerimiento administrativo de información personal de inmigrantes con licencias de conducir provisionales. En el documento, la agencia federal sostuvo que, de no entregarla, acudirían al Tribunal Federal para pedir acceso.

Durante una conferencia de prensa en la tarde, la gobernadora censuró las expresiones de la ACLU, e insistió en que el DTOP suministró la información para cumplir con un subpoena de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo el ICE.

“Hay un subpoena de una agencia federal al DTOP. Yo lamento muchísimo que una organización tan prestigiosa como esa (ACLU) haga una expresión incorrecta. Hay un subpoena federal contra el DTOP requiriendo información de unas personas, y ese subpoena fue lo que el DTOP contestó. De hecho, el documento está hasta en las redes sociales. Decir que se entregó información de manera voluntaria es irresponsable”, señaló la mandataria desde Peñuelas.

“Hay un subpoena federal, y las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con los mandatos federales. Aquí no estamos en un incumplimiento”, abundó.

Mientras, el excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau también señaló que la mandataria “le mintió descaradamente al país y traicionó a la comunidad dominicana en Puerto Rico”.

“Alegó que la entrega de información personal de miles de inmigrantes respondió a una orden judicial, a un subpoena, que nunca existió. La realidad es que, apenas días después de que ICE comenzara las deportaciones, su administración entregó voluntariamente esa información a las autoridades federales. No hubo orden judicial. No hubo obligación legal de entregar esas listas. Hubo una decisión voluntaria de su administración y luego una mentira vil para intentar justificarla”, sostuvo el secretario general del PIP, en declaraciones escritas.

La gobernadora, en una conferencia de prensa del 6 de junio de 2025, había defendido la entrega de los datos de inmigrantes, al señalar que se vieron “obligados a cumplir”, y alegó, entonces, que desconocía del requerimiento de información hasta que salió a la luz por parte de la directora de HSI en San Juan, Rebecca González.

“Es una orden que tiene validez legal, en la que se le entrega al gobierno de Puerto Rico y nosotros estamos obligados a cumplir con esto. Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por la ley federal”, dijo la primera ejecutiva en ese momento.

En la carta que recibió el DTOP, el 26 de enero de ese año, nunca se advirtió que estaban en riesgo “$178 millones al año” de fondos federales para carreteras, como dio a entender la mandataria si no se colaboraba con HSI-ICE.

Pese a que el secretario del DTOP negó a este diario, en febrero de 2025, que colaboraran con agencias federales en sus pesquisas de inmigración, El Nuevo Día fue el primero en confirmar que la agencia estatal había entregado los datos de miles de licencias de inmigrantes, incluidas personas en procesos para regularizar sus estatus migratorio y han sido detenidas injustamente.

“Sin duda alguna, aquí lo sabía todo el mundo (dentro del gobierno de González). Una información como esta lo tenía que saber la gobernadora. Si no lo sabía, tiene un problema serio en su administración, porque una información como esta, con el impacto que esto tiene, tenía que habérsele informado antes de entregarla”, sostuvo este jueves la directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

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El periodista Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.