Washington- Unas dos docenas de estados desafiaron el jueves los nuevos aranceles globales del presidente Donald Trump, presentando una demanda sobre los impuestos a las importaciones que impuso tras una dolorosa derrota en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Los fiscales generales demócratas que lideran la demanda argumentan que Trump se está extralimitando en sus funciones con los aranceles del 15% previstos para gran parte del mundo.

Trump ha dicho que los aranceles son esenciales para reducir el prolongado déficit comercial de Estados Unidos. Trump impuso aranceles en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, después de que el Tribunal Supremo anulara los aranceles que impuso el año pasado en virtud de una ley de poderes de emergencia.

La Sección 122, que nunca se ha invocado, permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15%, aunque están limitados a cinco meses a menos que el Congreso los prorrogue.

La demanda está encabezada por los fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York.

Los estados argumentan que la Sección 122 estaba destinada a ser utilizada sólo en circunstancias específicas y limitadas y no da autoridad a Trump para imponer impuestos de importación de gran alcance. También sostienen que los aranceles aumentarán los costes para los estados, las empresas y los consumidores.

Muchos de esos estados también demandaron con éxito por los aranceles de Trump impuestos bajo una ley diferente: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Cuatro días después de que el Tribunal Supremo anulara sus aranceles IEEPA el 20 de febrero, Trump invocó la Sección 122 para imponer aranceles del 10% a productos extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessant, dijo el miércoles a la CNBC que la Administración elevaría los gravámenes al límite del 15% esta semana.

Los estados demócratas y otros críticos afirman que el presidente no puede utilizar la Sección 122 como sustituto de los desaparecidos aranceles para combatir el déficit comercial.

La disposición de la Sección 122 está dirigida a lo que denomina “problemas fundamentales de pagos internacionales”. La cuestión es si esa formulación abarca los déficits comerciales, es decir, la diferencia entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra.

El artículo 122 surgió de las crisis financieras de los años 60 y 70, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Otros países se deshacían de dólares a cambio de oro a un tipo de cambio establecido, con el riesgo de un colapso de la moneda estadounidense y el caos en los mercados financieros. Pero el dólar ya no está vinculado al oro, por lo que los críticos afirman que la Sección 122 ha quedado obsoleta.

Incómodamente para Trump, su propio Departamento de Justicia argumentó en una presentación judicial el año pasado que el presidente necesitaba invocar la ley de poderes de emergencia porque la Sección 122 “no tenía ninguna aplicación obvia’’ en la lucha contra los déficits comerciales, que calificó de “conceptualmente distinta’’ de las cuestiones de balanza de pagos.

Aun así, algunos analistas legales dicen que la administración Trump tiene un caso más fuerte esta vez.

“La realidad legal es que los tribunales probablemente otorgarán al presidente Trump una deferencia sustancialmente mayor con respecto a la Sección 122 de la que otorgaron a sus aranceles anteriores en virtud de la IEEPA”, escribió Peter Harrell, académico visitante del Instituto de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown, en un comentario el miércoles.

El Tribunal Especializado de Comercio Internacional de Nueva York, que conocerá de la demanda de los estados, escribió el año pasado en su propia decisión que anulaba los aranceles de emergencia que Trump no los necesitaba porque la Sección 122 estaba disponible para combatir los déficits comerciales.

Las empresas que pagaron aranceles en virtud de esa ley se anotaron una victoria judicial el miércoles, cuando un juez dictaminó que se deben reembolsos.

Trump tiene otras autoridades legales que puede utilizar para imponer aranceles, y algunas ya han sobrevivido a pruebas judiciales. Los aranceles que Trump impuso a las importaciones chinas durante su primer mandato en virtud de la Sección 301 de la misma ley comercial de 1974 siguen vigentes.