El proyecto de “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico” le otorgaría múltiples poderes al gobernador Alejandro García Padilla, absolutos y unilaterales, entre ellos la opción de expropiar propiedades a empresas privadas que se nieguen a continuar prestándole servicios al Gobierno durante una declaración de emergencia.