El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, defendió la decisión de esa oficina de no impulsar una investigación por el alegado esquema de compra de votos a cambio de drogas en las cárceles de la isla para las elecciones de 2024, al asegurar que no surgió evidencia que involucrara a figuras políticas en actividad electoral ilegal.

La fiscalía federal de San Juan presentó, en diciembre de 2024, cargos criminales en contra de 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo de los 31, también conocido como “Los Tiburones”, imputados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de Puerto Rico con el uso mayormente de “drones”.

Según el medio de noticias independiente ProPublica, aunque los investigadores federales tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional, preparaban acusaciones y buscaban conocer si la entonces aspirante a la gobernación Jenniffer González o su equipo de campaña estaban implicados, la jefatura de la fiscalía federal en San Juan ordenó frenar ese ángulo de la investigación a principios de 2025, bajo la nueva administración de Donald Trump.

“Se ha dicho que fiscalía federal encubrió o no quiso investigar alegaciones de cargos en procesos electivos o en oficiales o guardias penales. Lo primero es que, en esa investigación, no se produjo evidencia, ni alegaciones de que funcionarios públicos, candidatos a puestos políticos o miembros de sus partidos estaban involucrados en una actividad ilegal relacionadas a las elecciones o al voto. Punto”, afirmó Muldrow, durante una conferencia de prensa el lunes, en la que anunció el diligenciamiento de 23 órdenes de arresto como parte del operativo bautizado “La Última Serenata”.

“Segundo, la política de la fiscalía federal es procesar las actividades ilegales más serias y que, al mismo tiempo, puedan ser procesadas, consistentes con conductas de acusados que puedan finalizar en convicciones”, agregó.

El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico aludió a los arrestos vinculados al Grupo de los 31 para refutar los señalamientos que reseñó ProPublica como parte de su investigación.

“Pregunto entonces, si ha habido en realidad un intento por encubrir conducta inapropiada en elecciones, ¿por qué entonces aparece tal señalamiento en la acusación?“, planteó.

Cuando se llevaron a cabo los arrestos, el 17 de diciembre de 2024, Muldrow, sostuvo que “el Grupo 31 se creó formalmente en 1998” y que “su objetivo principal era establecer y promover la comunicación con el gobierno para buscar mejor oportunidad para los reos”.

Las denuncias de diciembre de 2024 incluyeron cargos por distribuir drogas –acciones que causaron, al menos, cuatro muertes–, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El esquema de votos por drogas, no por dinero, es descrito en las alegaciones presentadas por la fiscalía, pero no presentaron ningún cargo criminal sobre ese asunto.

“Los individuos que no votaban por los candidatos que eran respaldados por el Grupo de los 31 estaban sujetos a represalias, incluyendo retenerles las sustancias ilegales”, indica el pliego acusatorio, con fecha del 12 de diciembre de 2024.

Tanto González –presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP)– como su director de campaña, Francisco Domenech, actual secretario de la Gobernación, han negado conocer de la investigación que llevaba la fiscalía federal o de presiones del Grupo de los 31 para que confinados votaran por la ahora gobernadora, en noviembre de 2024, a cambio de acceso a drogas que entraban a las penitenciarías de forma ilegal.

“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley”, ha indicado la gobernadora.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández –presidente del Partido Popular Democrático (PPD)–, sostuvo, inmediatamente se publicó el reportaje, que había “iniciado conversaciones con líderes del Congreso sobre los pasos que podemos y debemos tomar para investigar este escándalo de corrupción pública que atenta contra nuestra democracia”.

La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño; el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer; el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la coalición de la diáspora Power4PuertoRico han pedido también que se investiguen las denuncias.

En tanto, el superintendente de la Policía y quien era jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para la fecha en que se plantean estos actos de corrupción, Joseph González Falcón, también había expresado que, “si hubo alegaciones de cualquier corrupción, le correspondía al FBI investigar esos hechos”. “Y te puedo garantizar que, si hubo alegaciones, se investigaron. Si no se sometieron los cargos, era porque no había la evidencia en ese caso”, aseveró.