Las negociaciones en el caso contra los hermanos Edgardo y Ricardo Luis Navarro Suárez sufrieron un nuevo tropiezo luego de que la Fiscalía federal rechazó una contrapropuesta de la defensa como parte de las conversaciones para evitar ir a juicio.

La revelación surgió durante una vista de estatus de los procedimientos celebrada el lunes ante la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé, del Tribunal federal, en Hato Rey, donde la fiscal federal auxiliar Myriam Y. Fernández González confirmó la información.

En resumen, Fernández González confirmó que los abogados de los hermanos del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge “Georgie” Navarro Suárez, presentaron argumentos de mitigación y contrapropuestas para admitir su culpa en el caso.

Sin embargo, las propuestas no convencieron a la Fiscalía federal. “Los licenciados (Edgar) Vega y (Jason) González presentaron argumentos de mitigación y contraofertas en representación de sus respectivos clientes, que fueron rechazadas”, se indicó en la minuta de la vista.

Por un lado, Vega representa a Edgardo Navarro y a las compañías JCA Development, JCA Packaging Group, Inc., y JCA Industrial Supply Corp. Mientras tanto, González es abogado de Ricardo Navarro y de la entidad RVIP Group Corp., según el expediente del caso.

Aunque los detalles de la contrapropuesta no fueron divulgados en sala, el hecho de que continúen las negociaciones evidencia que las partes todavía exploran un acuerdo en uno de los casos de fraude más sonados del último año en Puerto Rico.

El caso fue revelado en abril de 2025, cuando agentes federales arrestaron a los hermanos Navarro Suárez y al contador público Ramón Valentín Montalvo, además de intervenir con varias corporaciones vinculadas a ellos.

En resumen, un gran jurado emitió, el 27 de marzo de 2025, un pliego acusatorio contra los hermanos Navarro Suárez, sus cuatro empresas y el contador público por, presuntamente, perpetrar un esquema de fraude.

De acuerdo a las autoridades federales, todos los acusados, supuestamente, trabajaron en coordinación y se apropiaron de más de $2.2 millones en fondos federales de préstamos bajo la Ley CARES.

No obstante, todos los acusados sometieron alegatos de no culpabilidad durante la comparecencia inicial.

Según la Fiscalía federal, los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, cuando los hermanos Navarro Suárez y Valentín Montalvo, supuestamente, emitieron 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA), y a una institución financiera.

Los fondos estaban destinados para, entre otras cosas, el pago de nómina y deudas fijas en medio de la emergencia causada por la pandemia de COVID-19.

En el pliego también figuran la empresa RVIP Group, Corp., de la cual Ricardo es propietario, y las empresas JCA Development, Inc., JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply Corp., a nombre de Edgardo, informó William Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, en una conferencia de prensa.

Los acusados -que enfrentan 12 cargos- presuntamente ofrecieron y/o prometieron $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso.

En el pliego se especificó, además, que el alcance del empleado era tal que tenía acceso a los sistemas internos de la institución para así procesar los préstamos y autorizar los desembolsos.

De igual forma, los acusados, supuestamente, reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EIDL.