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Washington - Al respaldar la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de imponer a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) una especie de síndico, la portavoz de la minoría demócrata en la Cámara baja federal, Nancy Pelosi (California), afirmó ayer que el contrato con Whitefish le parece un ejemplo de “capitalismo para los amigos” e ineptitud.
Como otros congresistas, Pelosi dijo estar sorprendida de que un contrato de $300 millones para la masiva tarea de reconstruir la red eléctrica de la isla haya sido otorgado a una empresa pequeña casi sin experiencia, como Whitefish Energy, sin echar mano de los acuerdos con empresas públicas estatales de Estados Unidos, que ofrecieron sus servicios.
Whitefish tiene su oficina en el mismo pueblo de Montana del cual es oriundo el secretario del Interior, Ryan Zinke, conocido del presidente de la empresa, Andy Techmanski. Y uno de sus socios ha sido un importante donante del presidente Donald Trump y del exgobernador de Texas y ahora secretario de Energía, Rick Perry.
“Parece capitalismo para los amigos, pero también incompetencia”, dijo Pelosi, en torno al polémico contrato, que puede haber acelerado la presión desde el Congreso a la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico para imponer un síndico.
Para la ex presidenta cameral, debe haber una revisión oficial de ese acuerdo, que se teme puede afectar adversamente el acceso a fondos de emergencia, por lo menos para un manejo menos restrictivo de parte del gobierno de Puerto Rico.
En una presentación del sindicato de enfermeras Pelosi evitó a precisar si la ruta tomada con respecto a la AEE indica el interés de que sea la Junta la que administre y coordine la asistencia de emergencia que reciba el gobierno de Puerto Rico, como la cartera de préstamos que se le ofrecerá para evitar el cierre de oficinas gubernamentales.
La demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), sin embargo, fue enfática en que la administración de los fondos de emergencia tendrá que pasar por el crisol de la Junta. “Creo que sí”, dijo, al elogiar que la Junta interviniera con la AEE y acentuar que la ley PROMESA “le da la Junta el poder para fiscalizar el desembolsode dinero público en Puerto Rico”.
Velázquez sostuvo que puede atestiguar “que hay mucha preocupación en el Congreso sobre cómo se otorga un contrato de esta naturaleza”. “Es un descaro que se le haya otorgado un contrato de $300 millones a una compañía que carece de la capacidad y la mano de obra para poder hacer el trabajo tan gran que hay que hacer en Puerto Rico”, dijo Velázquez, quien consideró que lo fundamental es “restablecer la energía, pues gente puede morir debido a la falta de electricidad”.
El boricua José Serrano, uno de los demócratas de más rango en el Comité de Asignaciones, piensa que, de todos modos, hay ambiente en el Congreso para ayudar a Puerto Rico a enfrentar la peor catástrofe de su historia moderna. “Si hay algo positivo es que los congresistas están al día de la situación y saben que hay que hacer algo”, dijo Serrano.
En la conferencia, el sindicato National Nurses United, que envió una delegación de 50 voluntarios a Puerto Rico a asistir con la crisis de salud, insistió en que la respuesta federal es insuficiente.
El congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois) sostuvo que en momentos en que la asistencia federal ha sido “limitada”, la gente debe preguntarse “porque no han faltado los aviones cuando se trata de llevar a decenas de miles de puertoriqueños a las guerras estadounidenses”.
